La Universitat Pompeu Fabra, entre las seis universidades invitadas, no presenta oferta para el estudio sobre sujeciones mecánicas en salud mental

En diciembre de 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció su intención de realizar un mapeo detallado sobre el uso de sujeciones mecánicas en los servicios de salud mental y urgencias psiquiátricas en España, un tema que, según la ministra, «actualmente es prácticamente desconocido». El objetivo era identificar buenas prácticas y proponer recomendaciones para reducir progresivamente estas medidas, muchas veces aplicadas en internamientos involuntarios que también se producen por «falta de conocimiento» de los recursos disponibles.

Para llevar a cabo este informe, el Ministerio de Sanidad cursó una invitación el 20 de junio de 2025 a seis universidades españolas, entre ellas la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, junto a la Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid, Valladolid y Valencia. Todas tenían un plazo de 10 días hábiles para presentar su oferta para el contrato menor, con un presupuesto base de 14.442,11 euros.

Sin embargo, a pesar de la invitación y el interés público sobre el estudio, ninguna de las seis universidades, incluida la Universitat Pompeu Fabra, presentó propuesta alguna antes del 4 de julio, fecha límite para la recepción de ofertas. Así consta en la resolución oficial consultada por este medio y publicada en el Portal de Contratación del Sector Público, donde el órgano de contratación ha declarado desierta la licitación.

Este hecho ha generado críticas en el sector sanitario. Para el doctor Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, esta renuncia «es un claro ejemplo de cómo pegarse un tiro en los pies». Arango defiende que el enfoque para reducir las sujeciones mecánicas no debe limitarse solo a personas con trastornos mentales, sino aplicarse en todas las áreas hospitalarias.

El doctor también critica que este enfoque pueda estigmatizar a los pacientes psiquiátricos, cuando las contenciones mecánicas también se aplican en otros servicios médicos y en personas de todas las edades.

Actualmente, en España no existe una normativa estatal específica sobre sujeciones mecánicas, aunque algunas comunidades autónomas cuentan con regulaciones que exigen la supervisión médica y limitan su uso a situaciones de urgencia y mínima restricción.

En este contexto, la falta de respuesta de la Universitat Pompeu Fabra para un estudio crucial sobre un tema tan sensible y con implicaciones en derechos humanos ha sido motivo de sorpresa y preocupación, especialmente en Cataluña, donde la universidad goza de prestigio en el ámbito sanitario y social.