Una petición de 1,4 millones de firmas podría cambiar las leyes europeas sobre videojuegos
Una iniciativa ciudadana europea denominada "Stop Destroying Games" ha superado el millón de firmas necesarias para que la Comisión Europea se plantee la posibilidad de crear nuevas leyes.
La petición, que ha alcanzado 1,4 millones de apoyos, busca obligar a las empresas de videojuegos a preservar los títulos en línea que han sido descontinuados. Este movimiento, impulsado por jugadores, denuncia la práctica de la "obsolescencia programada" que deja inutilizables juegos que los consumidores han comprado legalmente.
La polémica de los juegos descontinuados
La iniciativa surge como respuesta a un problema creciente: cuando los servidores de un juego con componente en línea son cerrados, el título se vuelve, en la mayoría de los casos, injugable. Como ejemplo, menciona el juego de carreras "The Crew" de Ubisoft, que dejó de ser accesible en 2024 a pesar de haber sido comprado por miles de personas. Los organizadores de la petición no piden la propiedad intelectual ni la monetización de los juegos, sino que se cree un plan para que el juego siga siendo "razonablemente jugable" en su esencia cuando llegue al final de su vida útil. Su argumento es claro: "Si compramos un producto, queremos usar ese producto".
La industria del videojuego defiende su postura
Por su parte, Video Games Europe, el grupo de presión de la industria, ha respondido en un comunicado que el cierre de un juego en línea "debe ser una opción para las empresas" cuando ya no es "comercialmente viable". El grupo reconoce que la situación es "decepcionante" para los jugadores, pero insiste en que la industria ya cumple con las leyes de protección al consumidor y ofrece un aviso previo de los cambios. La organización también argumenta que la alternativa de preservar los juegos en servidores privados no es viable por cuestiones como la protección de datos y la gestión de contenido ilegal.
El largo camino hacia una posible ley
La iniciativa, lanzada en julio de 2024, ha superado el umbral del millón de firmas en la Unión Europea y ha cumplido los mínimos en al menos siete estados miembros. Ahora, los países tienen un plazo de tres meses para verificar la validez de las firmas. Si todo es correcto, la iniciativa se presentará formalmente a la Comisión Europea, que tendrá seis meses para decidir si presenta una propuesta legislativa. En caso afirmativo, el texto todavía tendría que pasar por el largo proceso de adopción de la legislación europea.
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