Bomberos de primera y forestales de segunda: una injusticia que arde en España

Mientras los incendios forestales devoran hectáreas de monte cada verano, hay una desigualdad que sigue sin apagarse: la que separa a los bomberos urbanos de los bomberos forestales. Ambos arriesgan la vida, pero no cobran lo mismo. Ni siquiera se les reconoce igual.

Según datos oficiales extraídos del Portal de Transparencia y boletines autonómicos, un bombero raso en comunidades como Navarra, Madrid o Catalunya puede alcanzar sueldos brutos anuales de entre 40.000 y 47.000 euros. En cambio, un bombero forestal —el que combate el fuego en zonas rurales y montañosas— apenas supera los 24.000 euros en la mayoría de comunidades, y en algunas ni siquiera llega a los 20.000.

La diferencia no es solo económica. Los bomberos forestales, en muchos casos, trabajan bajo contratos temporales, por campañas de verano, sin estabilidad ni reconocimiento profesional. En Galicia, Castilla-La Mancha o Baleares, cuadrillas enteras operan durante turnos de 12 horas, duermen en el suelo y cobran menos que el salario mínimo interprofesional (SMI) mensual. Y, aún así, no figuran como “bomberos” en los registros oficiales.

El nuevo convenio estatal, aprobado en el BOE en agosto de 2025, establece un sueldo mínimo de 19.403,52 euros para los forestales, y un máximo de 36.155,68 euros para técnicos. Pero su aplicación está siendo lenta y desigual. Algunas comunidades como Navarra y Castilla y León han comenzado a adaptarlo; otras, como Galicia o Murcia, siguen sin implementarlo.

Complementos que no compensan el riesgo

La brecha se agrava si se comparan los complementos salariales: peligrosidad, nocturnidad, guardias. Mientras un bombero urbano puede recibir hasta 1.000 euros mensuales extra, los forestales perciben 1,65 euros por hora de riesgo y 2,64 euros por nocturnidad. Cifras que, en palabras de sindicatos como CGT y UGT, “no compensan ni el desgaste físico ni el riesgo vital”.

En plena ola de incendios que ha calcinado más de 344.000 hectáreas en España, los bomberos forestales han alzado la voz. Las protestas se han intensificado en comunidades como Castilla y León, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde los dispositivos antiincendios operan con plantillas mínimas, medios obsoletos y sueldos cercanos al SMI.

Además, se ha criticado la descoordinación territorial: cada comunidad diseña su propio dispositivo, lo que genera desigualdad en formación, medios y salarios. Mientras en Navarra o Catalunya los forestales cobran hasta 36.000 euros anuales, en Castilla y León o Extremadura apenas superan los 20.000, pese a tener disponibilidad total y enfrentarse a los incendios más virulentos del país.

La Ley 5/2024, aprobada en noviembre de 2024, pretendía corregir esta situación. Pero nueve meses después, muchas comunidades aún no han implementado sus medidas. El Gobierno central ha instado a las CCAA a “cumplir y ejercer su tarea” para mejorar las condiciones del colectivo. La respuesta, sin embargo, ha sido tibia: “La profesionalidad del colectivo es la clave, y por tanto su reconocimiento y consideración. No puede haber bomberos de primera y forestales de segunda", afirman desde CCOO.

Los sindicatos alzan la voz por los bomberos forestales

El sindicato CCOO ha denunciado públicamente que en estas regiones los forestales trabajan en condiciones muy poco adecuadas: "una campaña más, los y las profesionales sufren con encadenamiento de horario de trabajo, sin delimitación clara entre los servicios prestados en cuanto a tiempo ordinario, tiempo efectivo, descansos entre jornadas, tiempos máximos al frente de incendio, etc."

Por su parte, el sindicato UGT señala que "al otro lado de las llamas, la precariedad del cuerpo de bomberos forestales dificulta todavía más la extinción del fuego. UGT critica enérgicamente las intolerables condiciones laborales de este sector, condenado a una temporalidad perpetua: más del 60% son despedidos tras acabar el periodo estival. Salarios paupérrimos y jornadas de 60 horas en cuatro días, sin apenas descanso, evidencian la falta de recursos destinados a la prevención y extinción de incendios".

Además, se ha criticado nuevamente la descoordinación territorial: cada comunidad diseña su propio dispositivo, lo que genera desigualdad en formación, medios y salarios. Mientras en Navarra o Catalunya los forestales cobran hasta 36.000 euros anuales, en Castilla y León o Extremadura apenas superan los 20.000, pese a enfrentarse a los incendios más graves de España.

La Ley 5/2024, aprobada en noviembre de 2024, pretendía corregir esta situación. Pero nueve meses después, muchas comunidades aún no han implementado sus medidas. El Gobierno central ha instado a las CCAA a “cumplir y ejercer su tarea” para mejorar las condiciones del colectivo. La respuesta, sin embargo, sigue siendo tibia.

Una desigualdad que quema más allá del monte

En plena crisis climática, con incendios cada vez más virulentos y frecuentes, esta desigualdad no solo es injusta: es insostenible. Porque mientras el monte arde, también se quema la dignidad de quienes lo protegen.

La pregunta ya no es si hay que pagar más. Es si estamos dispuestos a reconocer que quienes apagan el fuego también merecen justicia laboral. Y que no hay lucha contra el cambio climático sin dignidad en el trabajo de los bomberos forestales.