Tierras raras y especulación: la conspiración detrás de los incendios forestales en España

Mensajes virales sugieren que los incendios se provocan para instalar parques eólicos, plantas fotovoltaicas, construir urbanizaciones o incluso extraer materiales como las "tierras raras". Sin embargo, la legislación española y la opinión de expertos desmienten la mayoría de estas afirmaciones.

Explosión de teorías conspiranoicas en redes sociales

En las redes sociales, las versiones conspiranoicas sobre los incendios forestales, especialmente aquellas que vinculan los fuegos con la extracción de tierras raras, se han difundido de manera masiva. Cuentas verificadas y perfiles con alta visibilidad han compartido estas teorías, y sus reposts hacen que la desinformación se vuelva viral. Estos mensajes, que culpan a supuestos intereses económicos, ganan popularidad y credibilidad de forma engañosa, sembrando el pánico y la desconfianza entre la población.

¿Qué prohíbe la ley?

La Ley de Montes española, en su artículo 50, es clara al respecto. Tras un incendio, las comunidades autónomas son las responsables de garantizar la restauración de los terrenos y, para ello, se establecen dos prohibiciones fundamentales:

Prohibición de cambio de uso por 30 años: La ley prohíbe expresamente que un terreno forestal incendiado cambie su uso por otro (como el urbanizable) durante al menos 30 años.

Prohibición de actividades incompatibles: Se prohíbe cualquier actividad que pueda perjudicar la regeneración de la vegetación, por un período que varía según la legislación de cada comunidad autónoma, aunque la norma general es también de 30 años.

Estas medidas, según expertos, están diseñadas para proteger la naturaleza y desalentar los incendios provocados con fines económicos.

Las excepciones que alimentan las teorías

Aunque la ley establece una prohibición general, también contempla algunas excepciones, un punto que a menudo se usa para alimentar las teorías conspirativas. La ley permite un cambio de uso "con carácter singular" si el cambio ya estaba previsto en un plan aprobado antes del incendio. También existe una excepción "con carácter excepcional" por "razones imperiosas de interés público de primer orden", las cuales deben ser determinadas por ley.Sin embargo, estas situaciones son poco comunes y tienen requisitos estrictos, como compensar la superficie quemada con una superficie forestal equivalente. La ley también especifica que esta excepción no se puede aplicar a los montes catalogados (los de utilidad pública).

Los expertos desmienten los bulos

Tanto Greenpeace como la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, han confirmado que no tienen constancia de ningún caso en el que se haya quemado un monte para urbanizar o para cambiar su uso con fines comerciales. "No ha aparecido ningún caso desde entonces", asegura Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, refiriéndose a una reforma de la ley de 2015. Por su parte, Inés González, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, califica la idea de que se quema para urbanizar como un "mito desde hace décadas". En definitiva, a pesar de los rumores, la ley es clara y estricta en la protección de los montes quemados. Los expertos aseguran que las salvaguardas legales hacen muy difícil y poco práctico que un incendio se utilice para un cambio de uso fraudulento del terreno.