Diez años de espera: la Ley del Tercer Sector sigue sin desarrollos clave, según CERMI

La organización alerta de la paralización de desarrollos clave como el inventario de entidades o el programa impulso, atribuyendo la inacción al Ministerio de Derechos Sociales

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El CERMI denuncia la inacción para desarrollar la Ley del Tercer Sector de Acción Social Fota: Europa Press

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado sobre la falta de voluntad política del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para desarrollar la Ley del Tercer Sector de Acción Social, vigente desde 2015. Según la organización, en sus diez años de existencia, la ley "sigue sin ver aprobados la mayor parte de los reales decretos de materialización de sus mandatos".

La norma, aprobada con amplio respaldo parlamentario, establece un estatuto jurídico diferenciado para el tercer sector de acción social y contempla medidas de impulso y apoyo desde los poderes públicos, muchas de las cuales debían concretarse mediante desarrollos reglamentarios. Sin embargo, diez años después, únicamente se ha aprobado un real decreto: el que regula la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, en 2017.

Entre los desarrollos pendientes se encuentran el real decreto de regulación de las entidades sociales colaboradoras de la Administración General del Estado, el inventario de entidades del tercer sector de acción social y el programa impulso, que permanecen sin avances pese al tiempo transcurrido, según denuncia CERMI. La organización atribuye esta parálisis a la "inacción del ministerio competente".

A menos de dos meses de cumplirse el décimo aniversario de la ley, CERMI reclama la reactivación de los desarrollos pendientes para dotar a la sociedad civil de los instrumentos necesarios que permitan ejercer su labor de promoción y extensión de los derechos sociales. La organización insiste en que completar estos desarrollos no solo cumple con la ley, sino que fortalece el papel del tercer sector como motor de inclusión y protección social en España.

Con esta denuncia, CERMI vuelve a situar sobre la mesa la necesidad de un compromiso real de los poderes públicos con las entidades sociales, para que los derechos contemplados en la legislación no queden únicamente en el papel.

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