La polémica del uso del catalán en el comercio: ¿Qué dice la ley en Catalunya y por qué sigue el debate?
La reciente polémica en torno a una heladería de Barcelona ha reavivado, una vez más, el debate sobre el uso del catalán en los establecimientos comerciales en Catalunya.
Empezó como un simple desacuerdo sobre el idioma, escaló a acusaciones de discriminación en redes sociales y a actos de vandalismo. Este incidente subraya no solo la tensión social existente, sino también la complejidad de la normativa que rige el uso de las lenguas cooficiales en Catalunya. Aunque la idea de que "si quiero hablar catalán, me tienen que atender en catalán" parece simple, la realidad legal es más compleja y matizada. La normativa catalana no contiene una frase única y concreta que lo establezca de forma tajante.
En su lugar, se basa en conceptos como el "deber de disponibilidad lingüística", que exige a los establecimientos estar en condiciones de poder atender a los clientes en catalán si así lo desean. La dificultad radica en que esta obligación no se traduce en la imposición de que cada empleado deba hablar catalán, lo que genera ambigüedad y conflictos a la hora de aplicar la ley en el día a día.
"El deber de poder atender"
La base legal se encuentra en la Ley de Política Lingüística de 1998 y en el Código de Consumo de Catalunya de 2010 Ambos textos no obligan a todos y cada uno de los empleados a hablar catalán, sino que exigen a los negocios la capacidad de "poder atender" a sus clientes en cualquiera de las lenguas oficiales. La interpretación de esta frase es la clave del debate. Significa que, como empresa, se debe garantizar la disponibilidad lingüística para no negar el derecho del consumidor a ser atendido en el idioma que elija. El caso de la heladería es un ejemplo perfecto de esta ambigüedad.
¿Existe la obligación de entender el catalán, pero no de contestar en ese idioma al cliente?
Desde el Departament de Política Lingüística de la Generalitat han reiterado a CatalunyaPress que las obligaciones varían según el tipo de empresa. Además de las normas generales que se aplican a todo el sector, la ley establece requisitos específicos para varios tipos de negocios:
Empresas de servicios públicos o básicos: Compañías como las de agua, gas, electricidad, transporte (autobuses, trenes, taxis) y telecomunicaciones están obligadas a usar el catalán en su rotulación, comunicados por megafonía y, especialmente, en las comunicaciones escritas y facturas dirigidas a los residentes de Catalunya. La norma se vuelve aún más estricta para las empresas públicas o subvencionadas, que deben usar el catalán también a nivel interno y en sus documentos.
Empresas concertadas o subvencionadas: Si una empresa ha recibido una subvención o tiene un acuerdo con la Generalitat, debe utilizar, al menos, el catalán en sus rótulos, avisos y documentación dirigida al público, especialmente si está relacionado con el objeto de la ayuda.
Bares y restaurantes: Estos establecimientos tienen la obligación de tener las cartas, menús, facturas y tiques de caja, como mínimo, en catalán. El personal debe ser capaz de atender a los clientes tanto en catalán como en castellano. Según la Agencia Catalana de Consumo, la clave es "entender" al cliente en cualquiera de las dos lenguas, no necesariamente responder en la misma según la legislación vigente.
La información de carácter fijo debe estar en catalán
La normativa es mucho más explícita y estricta en lo que respecta a la información escrita. El incidente en la heladería puso el foco en la interacción oral, pero la ley impone obligaciones claras sobre la rotulación y la documentación. Los rótulos, carteles, menús, listas de precios y cualquier tipo de información de carácter fijo deben estar al menos en catalán. Asimismo, documentos como facturas, presupuestos y contratos de adhesión deben estar disponibles en catalán. El incumplimiento de estas normas no es un asunto menor; puede acarrear sanciones económicas que demuestran la seriedad con la que se toma la protección del consumidor y del idioma. Este aspecto de la ley, aunque menos mediático que los conflictos personales, es la base de la actuación de la Agencia Catalana de Consumo.
Las multas por estas infracciones pueden ir desde los 100 euros hasta los 10.000 euros. El importe exacto depende de la gravedad del caso. Los últimos datos hechos públicos en 2024 reflejan que la Generalitat recaudó 496.920 euros por 261 sanciones aplicadas a establecimientos en Catalunya.
La postura de Gremicat sobre el catalán en el comercio
La normativa obliga a los negocios a poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales de Catalunya (catalán y castellano). Además, la ley exige que la señalización fija, los carteles y la documentación de oferta de servicios estén redactados al menos en catalán. Desde Gremicat han subrayado a CatalunyaPress que el incumplimiento de estas normas se considera una "negativa injustificada" a satisfacer las demandas de los consumidores y puede ser sancionado de acuerdo con la Ley de Disciplina de Mercado y Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El Consorci per a la Normalització Lingüística cree que la obligatoriedad del catalán promueve su uso
La aplicación de esta normativa tiene un impacto directo en el clima social y comercial de Catalunya afirman desde Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a preguntas de CatalunyaPress. Para muchos, es una medida justa que protege un derecho fundamental y promueve el uso de una lengua minorizada. Ven la obligatoriedad como una manera de normalizar el catalán y asegurar que los ciudadanos no se vean forzados a usar otra lengua en su propio territorio. El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) juega un papel fundamental en este contexto, ayudando a las empresas a cumplir con la ley.
El CPNL ofrece una serie de servicios de asesoramiento y formación, como talleres para mejorar la atención al público en catalán y la traducción de textos. Esta asistencia muestra que el marco legal se complementa con herramientas para facilitar su cumplimiento, basándose en la idea de que la lengua es un factor de calidad en la atención al cliente. El objetivo es que la obligación legal se convierta en una práctica natural para los comercios, promoviendo la convivencia de las dos lenguas oficiales.
El Tribunal Constitucional aclara algunas cuestiones clave del debate
El Tribunal Constitucional ha avalado el derecho de los consumidores a ser atendidos en catalán, pero ha establecido límites a la capacidad sancionadora de la Generalitat.
Rotulación: El TC consideró constitucional la obligación de que la rotulación de los comercios esté, al menos, en catalán, ya que lo ve como un reconocimiento de la cooficialidad de la lengua.
Atención oral: El Tribunal no anuló el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, pero dictaminó que la Generalitat no puede sancionar a los particulares por no hacerlo. Es decir, el derecho existe, pero la sanción no puede aplicarse en las relaciones entre privados.
Límites: El TC ha anulado artículos de leyes catalanas que invadían competencias del Estado o que imponían obligaciones que limitaban la libertad de empresa.
La atención en catalán en la administración pública
A diferencia de los comercios privados, la atención en catalán en la administración pública, organismos y empresas que prestan servicios básicos es un derecho explícito y una obligación más estricta. La ley establece que las administraciones públicas y sus empresas deben garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos en la lengua oficial que elijan, ya sea de forma oral o escrita. Esto incluye servicios como el transporte, la sanidad, el agua, la electricidad o el gas, donde la rotulación, los comunicados y las facturas dirigidas a los residentes de Catalunya deben estar, al menos, en catalán. El objetivo es que la lengua propia sea la de uso normal y preferente en estos ámbitos, asegurando que el ciudadano no se vea forzado a cambiar de idioma para realizar trámites o gestiones esenciales.
La realidad social en el debate lingüístico
En un contexto donde la Ley de Política Lingüística de 1998 y el Código de Consumo de 2010 se mantienen vigentes, el debate sobre el uso del catalán en los comercios demuestra que la normativa, aunque sólida en su base, no siempre se adapta a la complejidad de las interacciones cotidianas. Incidentes recientes, como el de la heladería en Barcelona, exponen una desconexión entre el marco legal, que habla de "disponibilidad lingüística", y la percepción de los ciudadanos. La situación sugiere que, más allá de la obligatoriedad de los rótulos y documentos, es necesario un enfoque que combine la protección de los derechos de los consumidores con la necesidad de adaptar la ley a un contexto social en constante cambio, donde las redes sociales actúan como un catalizador de conflictos.
Según declaraciones de este martes de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, el gobierno catalán continuará garantizando y promoviendo el uso del catalán en la atención al ciudadano. Desde el ejecutivo se ha reiterado que cualquier persona que desee ser atendida en esta lengua tiene el derecho de serlo, tal y como lo recoge el marco normativo actual. El Govern ha manifestado su firmeza en este camino y ha condenado cualquier "actuación de fuerza" o boicot, insistiendo en que el catalán ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental de cohesión social en Catalunya. La solución, por lo tanto, no se encuentra solo en las normativas, sino en una mayor sensibilización y en una actualización que permita una convivencia lingüística más fluida en la sociedad actual.
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