Europa al borde del colapso: la crisis de la vivienda dispara la desigualdad y alimenta a la extrema derecha

La crisis de la vivienda en Europa afecta a millones de ciudadanos que no pueden acceder a un hogar digno, y la situación tiene implicaciones sociales y políticas directas. Los precios de compra y alquiler han subido de manera continua en la última década, lo que aumenta la desigualdad y genera un creciente descontento entre los europeos, un caldo de cultivo que partidos populistas y de extrema derecha han comenzado a aprovechar.

Entre 2015 y 2023, los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron casi un 50 % de media, y entre 2010 y 2022 los alquileres subieron un 18 %, según el Parlamento Europeo. En Lisboa, los cambios políticos tras la crisis de 2008 incentivaron la compra de segundas residencias y el alquiler turístico, expulsando a residentes locales y obligando a muchas familias a alquilar solo habitaciones. En Ámsterdam, los recién llegados se enfrentan a un mercado privado caro e inseguro, mientras los residentes de larga duración disfrutan de viviendas sociales. En Budapest, la liquidación de viviendas sociales tras la Guerra Fría y la promoción de la propiedad privada ha incrementado precios y alquileres para las generaciones más jóvenes.

Mientras tanto, Viena mantiene un parque de vivienda social estable desde la década de 1920, que modera los precios del alquiler y protege a los residentes. Sin embargo, en gran parte de Europa, los hogares se han convertido en activos financieros, transfiriendo riqueza de quienes no tienen a quienes sí, lo que alimenta la frustración y el resentimiento social. Según el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit: “El problema de la vivienda divide a nuestras sociedades y puede suponer un riesgo para nuestras democracias”.

Una solución que no llega

La Comisión Europea ha creado por primera vez una cartera de Vivienda, liderada por Dan Jørgensen, y ha puesto en marcha un grupo de trabajo para evaluar la situación y proponer soluciones. Solo en España, se estima un déficit de 600.000 viviendas, lo que ha llevado a alcaldes de grandes ciudades europeas, como Jaume Collboni en Barcelona, a presionar a Bruselas para que movilice fondos y facilite la creación de vivienda social y asequible.

El grupo de alcaldes propone crear fondos europeos específicos para vivienda y desviar partidas ya aprobadas, además de implicar al Banco Europeo de Inversiones, con el objetivo de movilizar hasta 300.000 millones de euros, incluyendo financiación privada. También solicitan mayor flexibilidad fiscal a los Estados miembros, similar a la aplicada durante la pandemia o el gran rearme europeo, para incrementar gasto en vivienda.

Sin embargo, la situación política europea complica estas medidas: la Comisión Europea actual es la más derechizada de la historia, con mayoría de representantes conservadores y de extrema derecha en Consejo y Parlamento. Esto dificulta la aprobación de reformas regulatorias y de financiación que podrían aliviar la crisis. La división quedó patente en un debate en Bruselas entre Collboni y José Luis Martínez Almeida, con posturas enfrentadas sobre regulación de alquileres y medidas fiscales.

La consecuencia directa es que la frustración por la falta de vivienda asequible impulsa votos hacia partidos populistas y de extrema derecha, que prometen soluciones inmediatas y culpan de los problemas a instituciones europeas o a extranjeros, consolidando así un fenómeno político creciente en todo el continente.