El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general pese a no tener pruebas de la "revelación de secretos"

El magistrado Ángel Hurtado ha dictado auto en el que formaliza la acusación por la supuesta filtración de un correo electrónico que vinculaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso con delitos fiscales. El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. 

García Ortiz deberá abonar en un plazo de cinco días una fianza de 150.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas. Aunque la instrucción no ha encontrado pruebas directas que lo señalen como autor de la filtración, el juez considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo, en lo que sería un juicio sin precedentes en la etapa democrática reciente. El fiscal general, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación, mantiene su inocencia y rechaza dimitir.

El proceso judicial, que será llevado por un tribunal de siete magistrados de la Sala Penal del Supremo, podría marcar un antes y un después en la relación entre el poder judicial y el Ministerio Público, ya que García Ortiz sería el primer fiscal general enjuiciado en España. El tribunal estará integrado por figuras de gran peso como Manuel Marchena, Carmen Lamela o Susana Polo, a quienes se sumará el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y un séptimo magistrado por designar. 

La causa, que gira en torno a la difusión de un correo del abogado de Alberto González Amador en el que admitía delitos fiscales y pedía un pacto para evitar prisión, ha generado gran expectación política y mediática, dado que afecta directamente al máximo representante de la Fiscalía y a un entorno sensible de la presidenta madrileña.