Cuando la ley lo permitía todo y ni Mazón ni Sánchez quisieron decidir nada: la DANA que desbordó al poder

La tormenta que anegó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024 no solo dejó inundaciones, víctimas y daños millonarios. También arrasó con la estabilidad política del president Carlos Mazón, cuya dimisión ha ido acompañara de una nueva oleada de críticas y acusaciones  por parte del PP centradas en la gestión de aquella devastadora DANA. Lo que empezó como un desastre meteorológico ha terminado convirtiéndose en un terremoto institucional que pone bajo la lupa tanto a la Generalitat como al Gobierno central.

Mazón, tras meses de presión social, política y judicial, ha reconocido errores personales, como no cancelar su agenda el día en que la tragedia golpeó con más fuerza. Pero, lejos de adoptar un tono conciliador, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de haber dejado a la Comunitat Valenciana “sola”, sin la ayuda ni la información que —según él— podrían haberlo cambiado todo. “No se nos escuchó, no se nos asistió y la respuesta llegó tarde”, lamentó Mazón en su comparecencia.

Las palabras del expresident no han caído en saco roto. Su defensa política ha sido asumida por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quien ha apuntado directamente al Gobierno por su supuesta falta de previsión y apoyo durante la emergencia. Feijóo destacó, desde Génova, que el Gobierno de Sánchez no hizo todo lo que podía en referencia a las herramientas legales que permiten una intervención estatal directa ante catástrofes de gran magnitud.

En medio de este cruce de reproches, la tensión ha reabierto un debate de fondo: ¿podía el Gobierno haber actuado de oficio para declarar la emergencia nacional o el estado de alarma? ¿O la responsabilidad recaía, al menos en parte, en la Generalitat Valenciana por no haber solicitado formalmente esa coordinación estatal?

El marco legal: ¿qué podía hacer el Gobierno?

En el epicentro de la polémica está la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que regula las actuaciones ante grandes emergencias. El texto legal establece que la emergencia de interés nacional procede cuando una situación supera la capacidad de respuesta de una o varias comunidades autónomas y exige una intervención coordinada y dirigida por el Estado.

Esa competencia recae exclusivamente en el Ministerio del Interior, que puede actuar de oficio o a petición formal de las comunidades afectadas. No se trata de una figura simbólica: su activación permite la movilización inmediata de recursos estatales, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como la coordinación centralizada a través del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), donde confluyen todos los niveles administrativos para tomar decisiones conjuntas. En otras palabras, al declararse una emergencia nacional, el Estado asume el mando operativo.

De forma paralela, el Ejecutivo disponía de otra opción: declarar el estado de alarma, contemplado en el artículo 116 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 4/1981, que permite asumir el control directo ante crisis que afecten al conjunto del territorio nacional. Esta herramienta ya se había utilizado en situaciones excepcionales como la pandemia de la COVID-19, y habría permitido una respuesta más unificada ante el colapso sufrido por amplias zonas del litoral valenciano.

Sin embargo, en el caso de la DANA de 2024, ninguno de estos mecanismos se activó. La Generalitat Valenciana, por su parte, no solicitó formalmente la declaración de emergencia nacional, y el Ministerio del Interior consideró que las comunidades afectadas —principalmente Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia— mantenían capacidad suficiente para gestionar la situación con sus propios medios y no activó de forma unilateral el sistema de emergencia de interés nacional. La decisión, en apariencia técnica, ha terminado convirtiéndose en un asunto político de primer orden, ya que ambas partes se achacan, la una a la otra, el no haber tomado medidas de forma rápida, frente a la emergencia.

El caso de la DANA: ¿podía el Gobierno decretar la emergencia nacional?

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó el levante peninsular a comienzos de octubre de 2024 fue una de las más destructivas de las últimas décadas. Carreteras cortadas, municipios incomunicados, miles de desalojados y una factura económica que superó los mil millones de euros. Pese a ello, el Gobierno central decidió no declarar la emergencia de interés nacional, alegando que las comunidades autónomas afectadas estaban gestionando la crisis con sus propios recursos y que no hubo una solicitud formal de activación del nivel 3 del sistema de emergencias.

No obstante, la ley no impedía al Ejecutivo actuar por iniciativa propia. De hecho, el Gobierno tenía la potestad legal para decretar el estado de alarma o asumir el mando operativo, sin necesidad de que la Generalitat lo solicitara. Esa decisión habría permitido una intervención más directa y coordinada, movilizando recursos estatales y centralizando la respuesta.

Por su parte, la Generalitat Valenciana también contaba con la posibilidad de solicitar la activación del nivel máximo o la declaración del estado de alarma. Su ausencia no precipitó la entrada en acción del Ministerio del Interior y mantuvo el mando en el ámbito autonómico, pese a que la situación había desbordado claramente la capacidad de respuesta local.

¿Qué implica la declaración de una emergencia de interés nacional?

Cuando se declara una emergencia de interés nacional, el Ministerio del Interior asume la dirección operativa de toda la respuesta, coordinando todos los recursos y servicios implicados. Entre sus efectos inmediatos destacan:

• La activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), especializada en catástrofes naturales y gestión de crisis.
• La coordinación entre organismos estatales y autonómicos a través del CECOPI, que centraliza la información y dirige las acciones sobre el terreno.
• La movilización de recursos humanos, técnicos y económicos a nivel estatal para reforzar la capacidad de respuesta.
• La adopción de medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, la asistencia y la recuperación de las zonas afectadas.

En el caso concreto de la DANA que golpeó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, la declaración de este nivel de emergencia podría haber cambiado sustancialmente la gestión de la crisis. Habría permitido una dirección única y una intervención estatal directa, agilizando la reconstrucción y evitando la dispersión de responsabilidades que ahora se le reprocha a las administraciones implicadas.

Casos históricos de declaración de Emergencia de Interés Nacional en España

Apagón eléctrico en la Península Ibérica (2025)

El apagón generalizado ocurrido el 28 de abril de 2025 afectó a más de 50 millones de personas en España, Portugal y Andorra, con graves impactos en sectores esenciales. Tras el evento, el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, declaró la emergencia de interés nacional en las comunidades autónomas que formalmente lo solicitaron.
Las regiones que pidieron esta declaración fueron Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura y posteriormente Murcia. Estas solicitudes respondieron a la necesidad de coordinación estatal rápida para gestionar la crisis y movilizar todos los recursos disponibles, incluyendo la Unidad Militar de Emergencias (UME).​

Incendios forestales en Galicia (2017)

En octubre de 2017, Galicia sufrió incendios forestales de gran magnitud que causaron múltiples víctimas y daños materiales extensos. La situación sobrepasó la capacidad de los servicios autonómicos de emergencia, agravada por denuncias de falta de personal y recortes en la prevención y servicios contra incendios.
El Ministerio del Interior asumió la dirección operativa ante la gravedad de la situación, declarando la emergencia nacional. Aunque el contexto político fue tenso, con críticas a la Xunta de Galicia por la prevención, la solicitud para activar la coordinación estatal fue impulsada desde las autoridades autonómicas frente a la magnitud del desastre.​

Inundaciones en el sureste peninsular (2019)

Tras la DANA que causó inundaciones severas en la Comunidad Valenciana y otras regiones, se declaró la emergencia nacional a petición formal de las comunidades afectadas. La Generalitat Valenciana y otras administraciones solicitaron la activación del nivel 3 de emergencia nacional para contar con el apoyo estatal y la coordinación necesaria para la gestión integral de la crisis.
Este procedimiento facilitó la movilización de recursos y la intervención de la UME bajo dirección del Ministerio del Interior. El evento sirvió de referencia para la coordinación interinstitucional en gestiones posteriores bajo situaciones similares.​ 

Cuirosamente, en ese momento, el socialista Ximo Puig estaba al frente de la Comunidad Valenciana y pidió el apoyo del Gobierno central de Mariano Rajoy y el PP.

Crisis sanitaria por la COVID-19 (2020)

La gestión de la pandemia no activó la figura de emergencia de interés nacional, aunque sí se declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 mediante Real Decreto por acuerdo del Consejo de Ministros. Esta declaratoria permitió al Gobierno central tomar medidas excepcionales de control, confinamiento y restricción de movimientos en todo el territorio nacional, sin necesidad de una solicitud previa de las comunidades autónomas.
La decisión fue propia del Ejecutivo central, dado el alcance y la urgencia de la crisis sanitaria, participando simultáneamente varios ministerios y organismos para afrontar la situación.​