¡Adiós a la cita previa! Así será la nueva Administración catalana en 2026

El Parlament de Catalunya ha aprobado una importante reforma legislativa que introduce cambios significativos en la administración pública. A continuación, te presentamos las claves de esta nueva ley, que modifica aspectos clave como la cita previa obligatoria, la introducción de servicios proactivos y personalizados, el derecho a rectificar errores administrativos y el compromiso con un lenguaje claro y accesible para todos los ciudadanos. 

La esperada supresión de la cita previa obligatoria

Una de las reformas más destacadas de esta nueva ley es la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa para acceder a los servicios presenciales de la Administración. Con esta medida, la cita previa deja de ser un requisito indispensable, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder a los servicios administrativos de forma directa, salvo que se utilice como una herramienta para mejorar la eficiencia de los trámites.

Este cambio, que ya formaba parte del plan de reforma de la Administración impulsado por el Govern, se formaliza ahora en una ley. La medida tiene como objetivo garantizar una atención más ágil, sencilla y accesible, especialmente para aquellos colectivos más vulnerables o aquellos afectados por la brecha digital.

Una Administración proactiva y personalizada

El nuevo marco legislativo también incluye la creación de una Administración proactiva, que adelantará trámites y servicios a los ciudadanos según su situación y necesidades. Esta reforma tiene como objetivo facilitar la vida de las personas, ofreciendo servicios personalizados y anticipados, sin que los ciudadanos tengan que realizar gestiones repetitivas.

Los primeros servicios que se pondrán en marcha estarán relacionados con situaciones de vida concretas, como el nacimiento de un hijo o el cambio de domicilio. Por ejemplo, cuando se produzca un nacimiento, la Administración ofrecerá de forma anticipada servicios como la tramitación de los beneficios por familia numerosa o monoparental, o la gestión de becas y otros recursos disponibles.

La introducción del derecho a rectificar errores administrativos

Otra de las grandes novedades es la introducción del derecho a rectificar errores cometidos por la Administración. Este derecho, que ya existe en países como Francia o Polonia, permitirá a los ciudadanos corregir errores materiales o formales en los trámites administrativos sin que se les impongan sanciones.

Este cambio supone una transformación en la relación entre la Administración y los ciudadanos, pasando de una actitud de desconfianza a un modelo de colaboración y confianza mutua. Además, los empleados públicos solo serán responsables de sus errores si se demuestra dolo, negligencia grave o mala fe en su actuación.

Compromiso con un lenguaje claro y comprensible

La reforma también introduce cambios en la manera en que la Administración se comunica con los ciudadanos. Se garantiza el derecho a recibir información, resoluciones y notificaciones en un lenguaje claro, comprensible y accesible para todos.

Esta medida tiene como fin eliminar las barreras creadas por un lenguaje excesivamente técnico o jurídico, y asegurar que cualquier persona, independientemente de su nivel de formación o habilidades lingüísticas, pueda entender y acceder a la información administrativa de manera sencilla y efectiva.

Con estos cambios, el Govern de la Generalitat busca transformar la Administración pública, haciéndola más eficiente, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía. Se trata de un paso importante hacia un modelo de servicio público más ágil, accesible y orientado a las personas.