La infancia en Catalunya se enfrenta a la vulneración de sus derechos fundamentales

La infancia y la adolescencia constituyen etapas esenciales de desarrollo en las que se establecen las bases para una vida plena y digna. Sin embargo, a pesar del reconocimiento jurídico de sus derechos y de los avances legislativos en Catalunya, el ejercicio efectivo de estos derechos dista mucho de ser una realidad para muchos menores. El Informe Anual Infancia 2024 pone en evidencia que factores como la pobreza infantil, la exclusión social, la violencia, el desamparo y la falta de acceso a servicios adecuados, generan vulneraciones que afectan gravemente el bienestar, la salud, la educación y la protección integral de los niños y adolescentes. Además, destaca cómo la persistencia de prejuicios basados en la edad (edadismo) limita la capacidad de estos menores para ser escuchados y para participar en las decisiones que impactan sus vidas.

Este contexto subraya la urgencia de redoblar esfuerzos para garantizar no solo el reconocimiento formal, sino la garantía real y efectiva de todos los derechos de la infancia y adolescencia, con especial atención a los sectores más vulnerables y a las etapas vitales críticas. En definitiva, se impone un compromiso social y político para construir un entorno que respete y promueva el desarrollo integral y la autonomía progresiva de los menores en Catalunya. 

Es por este motivo que la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha puesto encima de la mesa todos aquellos derechos que, en mayor o menor escala, están siendo vulnerados en los niños y adolescentes catalanes.

La protección frente al desamparo sigue siendo insuficiente

Más de 11.000 menores tienen expediente abierto en el sistema de protección de Catalunya, y la tendencia va en aumento. La institucionalización prevalece sobre el acogimiento familiar, especialmente entre los menores de seis años, una etapa clave para su desarrollo afectivo. La transición a la vida adulta también muestra graves carencias: muchos jóvenes tutelados se encuentran desprotegidos al cumplir la mayoría de edad, sin apoyos para continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Salud mental, educación y participación: derechos reconocidos no siempre garantizados

Los adolescentes presentan un aumento significativo de problemas de salud mental, pero el acceso a servicios especializados es limitado, con listas de espera largas y recursos insuficientes para brindar una atención de calidad a aquellos que la necesitan. Esta brecha afecta directamente la garantía del derecho a la salud. Concrtamente a la salud mental, la que más peligros enfrenta en estos momento. 

En el ámbito educativo, persisten desigualdades en el acceso y la continuidad escolar, especialmente para menores con necesidades especiales o en situación de protección. Aunque la legislación reconoce formalmente su derecho a participar y ser escuchados, en la práctica la participación efectiva sigue siendo limitada, sobre todo dentro del sistema de protección. Así lo recoge el informe elaborado por la Sindicatura de Greuges.

Violencia y vivienda: desafíos persistentes que afectan a la infancia

El informe documenta un incremento preocupante de la violencia doméstica y sexual contra menores. Si bien se han creado dispositivos de atención y prevención, la protección efectiva sigue siendo insuficiente. Además, muchas familias sufren exclusión residencial, con retrasos en los apoyos y ayudas y derivaciones inadecuadas que comprometen la estabilidad y el desarrollo de los niños, que acaban pagando gran parte de las consecuencias de la ineficiencia del sistema administrativo. 

El sistema de justicia juvenil, que atiende a un número creciente de adolescentes, necesita un enfoque más educativo y restaurativo, capaz de garantizar derechos fundamentales sin recurrir únicamente a sanciones punitivas.

Entre las causas estructurales de estas vulneraciones se encuentran la insuficiencia de servicios sociales, la falta de recursos para apoyar a las familias y un edadismo que limita la consideración de los menores como sujetos plenos de derechos. El informe recomienda reforzar los servicios de apoyo a familias, ampliar prestaciones económicas, garantizar la participación efectiva de los menores, promover el acogimiento familiar frente a la institucionalización, aumentar la oferta educativa inclusiva y fortalecer la prevención y atención en salud mental y violencia.

Garantizar los derechos de la infancia no es solo una obligación legal y ética, sino un compromiso social para el presente y futuro de Catalunya. El Informe 2024 evidencia que, a pesar de los avances, existen retos urgentes que requieren atención coordinada de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto. Cada niño y adolescente cuya voz no se escucha representa una oportunidad perdida para construir un futuro más justo e inclusivo.