Los funcionarios de prisiones en Catalunya, un paso más cerca de ser considerados agentes de la autoridad

El Parlament de Catalunya ha dado luz verde a la tramitación por vía rápida de una proposición de ley que otorga a los funcionarios y directivos de los centros penitenciarios la condición de agentes de la autoridad. La propuesta, presentada por el PSC, ha sido respaldada por Junts, el PP, Vox y la extrema derecha de AC, mientras que ERC, los Comunes y la CUP han votado en contra.

El objetivo principal de la medida es garantizar "seguridad y protección jurídica" a los trabajadores de las prisiones catalanas, quienes, según los impulsores, están expuestos a un creciente nivel de agresiones y amenazas. Además, la propuesta reconoce la obligación de la Generalitat de indemnizar a los funcionarios que sufran lesiones o daños durante el desempeño de sus funciones.

La iniciativa llega tras años de protestas de los funcionarios de prisiones, que han denunciado el aumento de agresiones en los centros. Según un informe de la plataforma Marea Blava, elaborado con datos oficiales y otros informes históricos, el número de agresiones a funcionarios de prisiones en 2024 alcanzó las 555, superando las cifras de 2023 y 2022, que fueron de 536 y 541, respectivamente. Un dato alarmante es el aumento de las agresiones sexuales a trabajadoras penitenciarias, que en 2024 se cifraron en 25.

Reacciones y controversia

El texto ha sido recibido con fuerte oposición por parte de ERC, los Comunes y la CUP, quienes consideran que la medida no responde a una necesidad real de los centros penitenciarios y que está motivada por presiones sindicales. En una rueda de prensa conjunta con representantes de la Xarxa Dret i Presó, estas formaciones han subrayado que la propuesta podría ser una forma de "xantaje" por parte de ciertos sindicatos.

Por su parte, los impulsores de la medida han defendido que este reconocimiento legal no solo proporciona una mayor protección jurídica a los trabajadores penitenciarios, sino que también sirve para dignificar su labor en un entorno de trabajo cada vez más hostil. Según Beatriz Pérez, portavoz del PSC en el Parlament, "no se trata de una medida extraordinaria, sino de un paso lógico hacia el reconocimiento de la dignidad y la seguridad de los empleados públicos que trabajan en condiciones extremadamente difíciles".

Los próximos pasos

Con la tramitación aprobada, los grupos parlamentarios tienen plazo hasta este viernes, 5 de diciembre, para presentar enmiendas a la propuesta. La medida sigue su curso en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las prisiones catalanas.

El debate sobre la seguridad en las prisiones no es nuevo, pero con esta propuesta, el Parlament se adentra en un terreno complicado, que podría marcar el inicio de una nueva fase en la legislación penitenciaria en Catalunya, donde las fricciones políticas podrían ser tan intensas como las tensiones en las prisiones.