La Fiscalía pide ayuda a los notarios para acabar con los fraudes patrimoniales contra gente mayor

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a los notarios que paralicen cualquier acto jurídico trascendental, como una venta, si tienen dudas sobre las facultades mentales de la persona que acude a ellos, especialmente si está acompañada de un tercero. 

La solicitud hecha por parte de la Fiscalía se enmarca dentro de los esfuerzos para proteger a los mayores vulnerables, a menudo víctimas de engaños y abusos patrimoniales, un fenómeno conocido como despatrimonialización.

El fiscal delegado en materia de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad y mayores, Antoni Torres, ha explicado que, en caso de duda, los notarios deben poner en marcha un protocolo que implique la intervención de la Fiscalía. 

Esta solicitud se produce después de que, en los últimos dos años, solo se hayan recibido dos avisos de notarios relacionados con posibles engaños a personas mayores.

El riesgo de despatrimonialización en personas mayores

Cada semana, la Fiscalía recibe información sobre posibles casos de despatrimonialización, en su mayoría vinculados a personas mayores que padecen deterioro cognitivo. En muchos de estos casos, los afectados delegan la gestión de sus bienes y pensión a amigos, vecinos o familiares, quienes, en ocasiones, se aprovechan de su vulnerabilidad para abusar patrimonialmente de ellos.

Según Torres, esta situación es especialmente preocupante en residencias para mayores, donde los cuidadores y el personal también pueden ser testigos de abusos. Cuando estos casos se detectan, los Servicios Sociales o trabajadores de geriátricos son los encargados de informar a la Fiscalía para que se active el procedimiento correspondiente.

El protocolo requiere que los notarios, ante sospechas de que una persona mayor no comprende las implicaciones del acto que está realizando, avisen a la Fiscalía. Esto es especialmente crucial cuando se observa que la persona, aunque físicamente presente, no sabe por qué está allí ni entiende las consecuencias de sus decisiones. 

La Fiscal encargada de la tutela y protección de víctimas, Silvia Armero, ha destacado que, aunque los mayores pueden disponer libremente de su dinero, cuando han perdido la capacidad de decisión, sus actos deben ser supervisados para evitar abusos.

El 65% de las víctimas vulnerables a las que atiende esta sección son personas mayores, muchas de las cuales sufren estafas y apropiaciones indebidas, a veces incluso por parte de familiares cercanos.