Treinta años de ley laboral en Catalunya: los sindicatos alertan sobre las muertes evitables en el trabajo

La conmemoración de los treinta años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España pone de relieve un escenario inquietante en Catalunya, donde los accidentes mortales crecen a pesar de la disminución de los incidentes con baja médica. Expertos y representantes sindicales insisten en que los fallecimientos no se deben a desconocimiento técnico, sino a la falta de voluntad de empresas y organismos responsables, lo que convierte causas evitables en tragedias laborales.

Siniestralidad laboral en cifras

Entre enero y octubre de 2025, Catalunya registra 74.006 accidentes laborales con baja médica, un 1,67% menos que el mismo período de 2024, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin embargo, los accidentes mortales ascienden a 81, quince más que el año anterior, lo que representa un incremento del 18,5%.

“En España la ley se aplica desde 1996, estas muertes ya no son por desconocimiento técnico, sino por falta de voluntad”, advierte Mónica Pérez Cardoso, responsable de Salud Laboral de CCOO Catalunya, al exigir mayor inspección y control.

Catalunya encabeza la lista de comunidades con más fallecidos, seguida de Andalucía (80), Comunidad Valenciana (55) y Madrid (50). Los sindicatos destacan que la mayoría de los accidentes se concentran en atrapamientos, electrocuciones y caídas desde altura, reflejando causas tradicionales que podrían prevenirse con medidas adecuadas.

Precariedad y vulnerabilidad en el tejido industrial

El contexto industrial catalán agrava la situación. Muchas plantillas son precarizadas y migrantes, lo que limita la capacidad de los trabajadores para exigir derechos y seguridad. Pérez Cardoso alerta: “La gente se está matando por cosas tan evidentes como trabajar en altura”.

Reyes Solaz García, secretaria nacional de UGT Catalunya, enfatiza que muchas empresas conciben la prevención como un trámite: “Todavía existen empresas que no entienden la prevención como un derecho, sino como un requisito administrativo, y eso convierte accidentes evitables en muertes”.

Además, la predominancia de pymes limita la representación sindical y el acceso a formación y protocolos de seguridad específicos. Esto crea un entorno donde la prevención se aplica de manera desigual, dejando expuestos a los trabajadores más vulnerables.

Externalización de la prevención: un riesgo añadido

La externalización de los servicios de prevención de riesgos laborales emerge como un factor crítico. Las empresas con menos de 500 trabajadores pueden contratar servicios externos, pero estos no siempre adaptan sus planes a la realidad de cada sector o puesto de trabajo.

“No se puede aplicar el mismo plan preventivo en una empresa que fabrica lámparas que en otra que vende fruta”, subraya Solaz García. Pérez Cardoso añade: “En muchos casos, las empresas prefieren ahorrar inversión en prevención que salvaguardar la seguridad y la vida de las personas trabajadoras”.

Los servicios externalizados se concentran en pocos operadores que entregan documentos genéricos, sin analizar las condiciones específicas de cada empresa, dejando vacíos graves en la protección laboral.

Perspectiva histórica y evolución normativa

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumple tres décadas en un contexto laboral completamente distinto al de 1995. Los cambios en el mercado de trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías y la creciente presencia de riesgos psicosociales obligan a adaptar la legislación.

“Los puestos de trabajo no eran los mismos en 1995 que ahora en 2025”, señala Solaz García. La normativa europea exige integrar la prevención dentro de las empresas, pero la legislación española permite externalización parcial, lo que genera brechas de seguridad y responsabilidad compartida.

Pérez Cardoso resalta la necesidad de incluir perspectiva de género, especialmente en sectores químicos: “Las mujeres tenemos más tendencia a acumular toxinas que los hombres, pero los valores ambientales permitidos sólo tienen en cuenta estudios hechos sobre hombres”.

Ruptura del diálogo social y retos pendientes

La renovación de la ley enfrentó un obstáculo en noviembre, cuando el Ministerio de Trabajo dio por finalizada la negociación con las patronales tras 21 meses de diálogo, acusándolas de bloquear el consenso.

“Una vez más, no será posible fortalecer la legislación que emane del Congreso con una que parta del consenso y el diálogo social”, lamenta Pérez Cardoso, mientras Solaz García confía en que las reformas sigan adelante, al menos en los aspectos relacionados con salud mental y riesgos psicosociales.

Los sindicatos reclaman que la prevención deje de ser un formalismo y se transforme en política real, con inspecciones efectivas, planes adaptados a cada sector y control sobre los servicios externalizados.

Impacto humano y social

El aumento de fallecimientos laborales no sólo representa una pérdida de vidas, sino también un impacto profundo en familias y comunidades. Cada accidente mortal evidencia la necesidad de inversión real en seguridad, formación y control, recordando que la legislación por sí sola no garantiza protección sin voluntad empresarial y supervisión efectiva.

“Los datos que tenemos en Catalunya son preocupantes y muestran que aún es posible evitar muchas muertes con medidas básicas de prevención”, concluye Solaz García.

Perspectivas a futuro

Con la ley cumpliendo 30 años, los sindicatos de Catalunya mantienen la presión para que la renovación contemple todos los riesgos actuales, incluyendo salud mental, riesgos psicosociales, perspectiva de género y control sobre la externalización. Sólo con estos elementos, advierten, será posible transformar accidentes evitables en seguridad real y proteger la vida de los trabajadores.