Catalunya blinda la justicia gratuita con un acuerdo histórico
El Govern y el Consell de l’Advocacia Catalana firman un pacto para recuperar el poder adquisitivo de los abogados del turno de oficio y reforzar la asistencia en casos de violencia de género y extranjería.
Este martes la Generalitat de Catalunya ha formalizado un "acuerdo histórico" con el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) para transformar y reforzar el servicio de asistencia jurídica gratuita. El pacto, firmado por el presidente Salvador Illa y el presidente del CICAC, Roger Montoliu, prevé una inversión adicional de 5,7 millones de euros anuales hasta 2029, sumando un total de 22,8 millones en cuatro años.
Recuperación del poder adquisitivo
El objetivo principal de esta inyección económica es hacer justicia con el colectivo de abogados de oficio. Se busca recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 debido a la falta de actualización de los módulos de compensación.
Para el ejercicio 2026, la inversión total adicional alcanzará los 10,4 millones de euros, desglosados de la siguiente manera:
5,7 millones del nuevo acuerdo estratégico.
1,82 millones de incremento en el convenio anual de guardias.
2,9 millones procedentes de la actualización del 2,5% de los módulos (financiados con sobrantes presupuestarios).
Refuerzos territoriales y nuevos módulos
El acuerdo no solo mejora las retribuciones, sino que adapta el servicio a las necesidades crecientes de la ciudadanía en puntos clave:
Figueres: creación de un turno de guardia de extranjería con dos abogados presenciales diarios.
Girona y Lleida: refuerzo de guardias en Santa Coloma de Farners y mejora de la atención a víctimas de violencia machista en Cervera y Balaguer.
Nuevos conceptos retribuidos
Se crean módulos específicos para actuaciones que antes no se compensaban de forma diferenciada, como la asistencia en vistas de prisión provisional, la doble condición de acusación y defensa, y la conciliación previa en el ámbito laboral.
Digitalización e impulso al catalán
El convenio apuesta por la modernización con la tramitación electrónica integral de los expedientes para agilizar la gestión. Además, se destinarán 700.000 euros (500.000 para abogados y 200.000 para procuradores) para incentivar el uso del catalán en los escritos judiciales, un ámbito donde su presencia sigue siendo minoritaria.
"Garantizar una buena justicia es sinónimo de garantizar una buena democracia y un buen estado de bienestar", afirmó Salvador Illa tras la firma.
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