El año judicial en España comienza con varios frentes de alto voltaje político y judicial aún abiertos, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional. El juicio al exministro José Luis Ábalos, la investigación por presuntos amaños de obra pública, las causas contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y el futuro de los recursos del ‘procés’ marcarán una agenda cargada de decisiones clave en 2026.
El juicio a Ábalos, pendiente de fecha en el Supremo
Uno de los principales hitos del nuevo año será el juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia desde el Ministerio de Transportes.
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo avaló en diciembre la decisión del instructor, Leopoldo Puente, de sentarles en el banquillo, rechazando los recursos de Ábalos y Koldo, ambos en prisión provisional desde el 27 de noviembre. Los magistrados subrayaron la existencia de un “robusto arsenal indiciario” y reprocharon a las defensas su intento de retrasar el enjuiciamiento.
La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, mientras que las acusaciones populares, lideradas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años para el exministro y su exasesor. Ábalos, además, ha pedido ser juzgado por jurado popular.
La investigación por amaños de obra pública sigue abierta
El caso de las mascarillas no será el único frente judicial de Ábalos. El Supremo mantiene abierta otra pieza del llamado ‘caso Koldo’, centrada en una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que también figura como investigado el exdirigente socialista Santos Cerdán.
El instructor continúa a la espera de informes clave de la UCO de la Guardia Civil, que podrían marcar el rumbo de una investigación que afecta también a empresarios y antiguos responsables de constructoras.
Las causas contra Alvise, a la espera del suplicatorio europeo
Otro foco relevante será el del eurodiputado Luis Alvise Pérez, que acumula cuatro causas abiertas en el Supremo. Ya ha declarado voluntariamente en tres de ellas, mientras se tramitan los suplicatorios al Parlamento Europeo necesarios para proceder a su imputación formal.
Entre las investigaciones figuran la presunta financiación irregular de su partido, la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa y el presunto acoso a la fiscal de delitos de odio de Valencia. A ello se suma una causa por revelación de secretos y acoso contra dos excompañeros de lista en las elecciones europeas, citados a declarar el próximo 19 de enero.
El Supremo, pendiente del movimiento de García Ortiz
Tras la condena a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el Supremo deberá resolver si este presenta un incidente de nulidad contra la sentencia, una decisión que mantendrá el foco judicial sobre la Fiscalía General durante el inicio del año.
El Constitucional y el ‘procés’, aún sin resolver
En paralelo, el Tribunal Constitucional afronta en 2026 decisiones clave sobre los recursos de los condenados por el ‘procés’ contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación.
Entre los recursos pendientes figuran los de Carles Puigdemont, que también ha pedido la suspensión de la orden de detención nacional, así como los de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Bloqueo en la renovación del Constitucional
Más allá del ‘procés’, el TC arrastra un bloqueo institucional: la renovación de cuatro magistrados, incluido su presidente Cándido Conde-Pumpido, cuyos mandatos expiraron el 17 de diciembre. La falta de acuerdo entre PSOE y PP augura un retraso prolongado, que reducirá el tiempo efectivo de mandato de los nuevos magistrados cuando finalmente sean designados.
Con este panorama, el año judicial arranca con causas de alto impacto político, investigaciones aún abiertas y órganos clave pendientes de renovación, en un contexto de fuerte presión institucional y con decisiones que marcarán la agenda judicial y política de 2026.
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