Un juez de Barcelona da la razón a una trabajadora despedida por llevar a su perra a aplicarle la eutanasia

El Juzgado de lo Social número 25 de Barcelona ha declarado improcedente el despido de una trabajadora de Majorel SP Solutions, S.A.U. que se ausentó de su puesto de trabajo para acudir de urgencia al veterinario y aplicar la eutanasia a su perra, que se encontraba agonizando.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, la empleada —teleoperadora desde marzo de 2023— fue despedida en enero de 2025 por acumular cuatro ausencias supuestamente injustificadas en el plazo de un mes, lo que la empresa consideró una falta “muy grave” conforme al Convenio Colectivo del sector del contact center.

Sin embargo, el juez analiza las ausencias de forma individualizada y concluye que la del 29 de noviembre de 2024 estaba plenamente justificada, pese a no existir un permiso laboral específico. En su resolución, el magistrado afirma que las “razones humanitarias, éticas y morales” justifican que la trabajadora priorizara la atención urgente a su animal doméstico frente a la obligación de acudir a su puesto de trabajo.

La sentencia subraya que la ausencia no puede calificarse como un capricho, sino como una circunstancia sobrevenida, imprevisible y moralmente exigible, y añade que haber obligado a la empleada a esperar a terminar su jornada habría sido “inmoral”, dado el estado crítico del animal.

La ley de bienestar animal, clave en la decisión

El juzgado invoca expresamente la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, recordando que su objetivo principal es reconocer y proteger la dignidad de los animales por parte de la sociedad.

Respecto al resto de ausencias alegadas por la empresa, el juez determina que una corresponde a una falta de puntualidad, mientras que las otras dos sí pueden considerarse injustificadas, aunque insuficientes para sostener un despido disciplinario.

Por todo ello, condena a la empresa a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones laborales, abonándole los salarios dejados de percibir, o bien a extinguir la relación laboral mediante el pago de una indemnización de 4.116,42 euros por despido improcedente.

“Una mirada jurídica, pero también humana y moral”

El abogado del Col·lectiu Ronda, Albert Vallribera, que ha representado a la trabajadora, destaca el carácter innovador de la sentencia, que introduce una visión jurídica alineada con la evolución social en la relación con los animales.

“Los animales han dejado de ser simples bienes para convertirse en seres vivos titulares de derechos, sobre los cuales tenemos una responsabilidad objetiva, exigible e imperativa”, afirma el letrado.

El contexto de Majorel

Majorel SP Solutions, S.A.U., empresa dedicada a la moderación de contenidos de TikTok, también ha sido noticia por otros procedimientos judiciales. En octubre de 2025, tres de sus responsables declararon ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona tras una querella presentada por cuatro empleados por el impacto en su salud mental de la visualización de contenidos violentos.

Aunque la empresa negó que en Barcelona se revisara material “altamente perturbador”, exmoderadores confirmaron a Europa Press que sí se enfrentaron a vídeos de decapitaciones, mutilaciones, abusos y violencia extrema, aunque señalaron que podían interrumpir la visualización y acceder a apoyo psicológico.