El Constitucional analizará si la falta de presupuestos vulnera la Carta Magna

El Tribunal Constitucional ha abierto por primera vez la puerta a examinar si la ausencia continuada de proyectos de Presupuestos Generales del Estado puede constituir una vulneración de la Constitución. El pleno del órgano de garantías ha admitido a trámite un conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Senado, que cuestiona la actuación del Gobierno tras encadenar tres ejercicios sin presentar nuevas cuentas públicas.

La iniciativa parte de la Cámara Alta, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta. El Senado sostiene que el Ejecutivo ha incumplido su deber constitucional de presentar un proyecto de presupuestos, una obligación recogida en el artículo 134 de la Constitución. El conflicto se refiere a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, todos ellos prorrogados sin que el Gobierno haya registrado un nuevo proyecto de ley.

El Constitucional también estudiará la constitucionalidad de las prórrogas presupuestarias utilizadas por el Ejecutivo durante los dos últimos años, un mecanismo previsto en la Carta Magna pero que, según el Senado, no puede convertirse en una práctica sistemática.

Los artículos constitucionales en disputa

El escrito de la Cámara Alta plantea la posible vulneración de varios preceptos:

• Artículo 1.3, que define la monarquía parlamentaria como forma política del Estado.
• Artículo 66.2, que atribuye a las Cortes Generales la aprobación de los presupuestos.
• Artículo 134, que regula la elaboración y tramitación de las cuentas públicas.
• Artículo 99.2, relativo al funcionamiento institucional en ausencia de mayorías claras.
• Artículo 23, que garantiza el derecho de participación política.

El Senado argumenta que la falta de presupuestos limita la capacidad de control parlamentario y altera el equilibrio institucional previsto por la Constitución.

Un precedente que puede marcar doctrina

Nunca antes el Tribunal Constitucional había aceptado estudiar un conflicto entre órganos constitucionales por una omisión presupuestaria del Gobierno. La admisión a trámite no prejuzga el fondo del asunto, pero sí abre un escenario jurídico inédito que podría fijar doctrina sobre los límites de las prórrogas y el alcance de la obligación gubernamental de presentar un proyecto anual.

El tribunal deberá ahora solicitar alegaciones a las partes y determinar si la reiteración de prórrogas constituye un uso legítimo del mecanismo previsto en la Constitución o si, por el contrario, supone una alteración del funcionamiento ordinario del sistema parlamentario.

La decisión del Constitucional llega en un contexto de elevada tensión institucional entre el Ejecutivo y el Senado. El Gobierno defiende que las prórrogas han permitido mantener la estabilidad presupuestaria en un escenario político fragmentado, mientras que la Cámara Alta sostiene que la falta de nuevas cuentas limita la capacidad de planificación del Estado.

El tribunal iniciará en las próximas semanas la fase de alegaciones. Una vez concluida, el pleno deberá deliberar y emitir una resolución que podría tener efectos sobre la tramitación de futuros presupuestos y sobre la interpretación del deber constitucional del Gobierno.