El juez procesa al exalcalde de Cádiz Kichi por presunta prevaricación administrativa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha acordado el procesamiento del exalcalde José María González, conocido como Kichi, por su presunta implicación en un delito de prevaricación administrativa y revelación de secretos relacionado con la actuación de un asesor vinculado a su formación política durante su etapa al frente del Ayuntamiento. La resolución judicial pone fin a la fase de investigación y abre la puerta a la celebración de juicio oral.

El auto de procedimiento abreviado afecta también a varios miembros del antiguo equipo de gobierno municipal, entre ellos responsables del área de Personal y del gabinete de Alcaldía, al considerar el magistrado que existen indicios suficientes para analizar en sede judicial decisiones adoptadas durante el mandato municipal entre 2018 y 2019.

Un asesor sin vínculo legal en procesos municipales

La causa tiene su origen en una denuncia sindical que cuestionaba la participación de un asesor del grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede en tareas propias de la administración local antes de incorporarse formalmente a la plantilla municipal como técnico de la administración general.

Según la resolución judicial, el asesor habría intervenido en expedientes de contratación pública sin ostentar condición de funcionario, personal laboral o eventual, actuando bajo instrucciones políticas y con respaldo directo del equipo de gobierno. El juez sostiene, con carácter provisional, que se le permitió ocupar dependencias municipales, acceder a comunicaciones internas y participar en reuniones técnicas, llegando incluso a trasladar directrices a funcionarios responsables de la tramitación administrativa.

El auto describe una situación en la que el asesor se integró de facto en la estructura municipal pese a carecer de habilitación jurídica para ello, influyendo en procedimientos administrativos que, por ley, corresponden exclusivamente a empleados públicos con competencias reconocidas.

La investigación considera que estas actuaciones pudieron condicionar la independencia de los funcionarios de carrera, quienes habrían recibido indicaciones consideradas de obligado cumplimiento debido al respaldo político del que gozaba el colaborador.

El cierre de la instrucción y el posible juicio

Con el procesamiento acordado, el juzgado traslada ahora las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas —entre ellas organizaciones sindicales y representantes políticos de la oposición— para que, en el plazo legal establecido, soliciten la apertura de juicio oral, formulen acusación formal o interesen el archivo del procedimiento.

Este trámite marca una fase decisiva del proceso penal, ya que será la Fiscalía quien determine si los indicios recogidos durante la instrucción justifican la celebración de vista pública ante un tribunal.

Desde el entorno del exalcalde se ha defendido reiteradamente que el caso responde a una estrategia de judicialización de la actividad política municipal. Durante sus dos mandatos al frente del consistorio gaditano, el equipo de gobierno sostuvo que diversas denuncias presentadas contra su gestión fueron archivadas sin consecuencias penales, encuadrando la actual causa dentro de ese mismo contexto de confrontación política y jurídica.

Impacto institucional y precedentes administrativos

El procedimiento reabre el debate sobre los límites entre la actividad política de los grupos municipales y el funcionamiento técnico de la administración pública, especialmente en ayuntamientos donde asesores externos colaboran con cargos electos sin integrarse formalmente en la estructura funcionarial.

En términos jurídicos, el delito de prevaricación administrativa se vincula a la adopción de resoluciones o decisiones injustas a sabiendas de su ilegalidad, mientras que la revelación de secretos afecta al acceso indebido a información reservada de carácter administrativo.

El futuro judicial de González y del resto de investigados dependerá ahora de la decisión de las acusaciones y del eventual señalamiento de juicio oral, que permitirá esclarecer si la participación del asesor respondió a una práctica política habitual o constituyó una vulneración consciente del marco legal que regula la función pública municipal.