Los jueces alertan del retraso en la especialización contra la violencia de género y su impacto en las víctimas

El estancamiento de casi siete años desde la Ley Orgánica 5/2018 evidencia que, pese a la gravedad social de los casos, la justicia española no garantiza aún un acceso efectivo a plazas especializadas ni reconoce la importancia de la profesionalización en la lucha contra la violencia machista.

Una promesa que sigue sin cumplirse

Más de 140 jueces y juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han denunciado mediante un comunicado que la especialización prevista en la Ley Orgánica 5/2018 permanece “en punto muerto”. La norma contemplaba pruebas selectivas para acreditar la formación específica, asegurando que quienes trabajen en secciones especializadas tuvieran la preparación necesaria para atender casos complejos de violencia de género.

Sin embargo, los profesionales alertan que los procesos nunca se han implementado y que los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial destinados a consolidar la preferencia tampoco se han modificado. “Se nos priva de opciones que deberían ser naturales para nuestra carrera profesional”, subrayan los magistrados firmantes, evidenciando un bloqueo que afecta tanto a los jueces como a la protección efectiva de las víctimas.

Obstáculos legales y efectos en la carrera judicial

El retraso se vincula a la resolución del Tribunal Supremo de 2020, que considera los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como órganos mixtos, limitando la antigüedad, los méritos y las posibilidades de promoción de quienes trabajan en ellos. Mientras tanto, concursos para cubrir plazas en secciones especializadas siguen convocándose y pueden ser ocupadas por jueces sin experiencia en violencia de género, dejando sin reconocimiento a los profesionales que han apostado por la formación especializada.

Una comparación que evidencia desigualdad

La situación contrasta con la implementación de la especialización en violencia contra la infancia y la adolescencia, establecida por la Ley Orgánica 1/2025, que sí se activa dentro de los plazos previstos. Esta disparidad evidencia que, pese a la urgencia social de la violencia contra mujeres adultas, la justicia no prioriza ni garantiza la atención especializada, lo que contribuye a la desprotección y la revictimización.

Voces feministas sobre la urgencia de la especialización

Para la abogada feminista y activista de derechos de las mujeres Ana María Jiménez, “la especialización en violencia de género no es un lujo, es una obligación ética y social. Cada año que pasa sin que los jueces puedan acreditarla, es un año en que la justicia falla a quienes más la necesitan”.

Organizaciones feministas advierten que la falta de profesionales formados reduce la eficacia de las medidas de protección y genera desconfianza entre las víctimas. “No basta con leyes en el papel; la justicia debe ser activa y especializada para proteger vidas y garantizar igualdad”, recalca María Torres, portavoz de la Federación de Mujeres Progresistas.

Impacto directo en la sociedad

El bloqueo de la especialización no solo afecta a la carrera de los jueces, sino que repercute directamente en la seguridad de las mujeres. La violencia machista sigue siendo una de las principales causas de muerte y sufrimiento en España, y la ausencia de profesionales especializados limita la prevención, aumenta los tiempos de respuesta y reduce la protección efectiva de las víctimas.

Además, la situación refleja un déficit institucional en la lucha contra la violencia de género. Los jueces critican al Consejo General del Poder Judicial, a los ministerios de Justicia e Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Defensor del Pueblo, a GREVIO y a los grupos parlamentarios por no haber resuelto el problema pese a conocerlo durante años. “¿Se puede hablar de consenso real mientras la especialización se queda en el papel?”, se preguntan los firmantes.

Hacia una justicia feminista y especializada

Los magistrados reclaman activar de inmediato los procesos de acreditación, modificar los artículos necesarios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y garantizar que solo los profesionales formados puedan acceder a plazas especializadas. Solo así, insisten, la justicia podrá responder eficazmente y ofrecer la protección que las mujeres víctimas de violencia machista merecen.

“No se trata solo de una cuestión administrativa: está en juego la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres”, concluyen los jueces comprometidos con la especialización.