Óscar López confirma cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

La medida, pactada con los sindicatos desde 2022, se aplicará en la Administración General del Estado y busca homogeneizar las condiciones laborales

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El Gobierno activará en abril la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios del Estado. Foto: Freepik

 

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha confirmado que la esperada jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios del Estado será una realidad en cuestión de semanas. Según ha detallado, la medida comenzará a aplicarse a partir de la primera quincena de abril, una vez se ultimen los ajustes necesarios con los distintos ministerios.

Este anuncio supone un paso decisivo en la implementación de un compromiso que llevaba meses sobre la mesa y que afecta directamente a miles de empleados públicos en toda España.

 

Una medida acordada con los sindicatos

La reducción de la jornada laboral no es una iniciativa reciente, sino que forma parte del Acuerdo Marco firmado en 2022 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Sin embargo, su aplicación había quedado pendiente de desarrollo normativo y de coordinación entre administraciones.

Ahora, el Ejecutivo avanza en su puesta en marcha tras meses de negociación, en los que se han abordado aspectos clave como la organización interna y la adaptación de los servicios públicos. De hecho, el Ministerio ha mantenido reuniones con los representantes sindicales en el marco de la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, con el objetivo de cerrar definitivamente el acuerdo.

 

Aplicación progresiva y diferencias territoriales

Uno de los aspectos destacados por el ministro es que la implantación de la jornada de 35 horas no será completamente homogénea en todo el territorio. Tal y como ha señalado, algunas comunidades autónomas ya aplican este horario, mientras que otras todavía mantienen jornadas superiores.

En este contexto, la decisión del Gobierno busca establecer un marco común en la Administración General del Estado, aunque deja margen a las administraciones autonómicas para adaptar sus propios modelos organizativos.

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