El TSJC ordena la ejecución provisional que anula parte del decreto que blindaba el catalán en las aulas

 El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia que anula parcialmente el decreto de la Generalitat que buscaba blindar el uso del catalán como lengua vehicular en la escuela.

La decisión implica que, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos presentados, no podrán aplicarse más de una decena de artículos del decreto que fijaban el catalán —y el aranés en la Vall d’Aran— como lenguas de uso habitual en la enseñanza, la comunicación interna de los centros y la relación con las familias.

Suspensión de aspectos clave del modelo lingüístico

Entre los puntos anulados se encuentran aquellos que establecían el catalán como lengua principal en la actividad docente, en los materiales educativos, en las evaluaciones o como idioma prioritario en la acogida del alumnado recién llegado.

También queda sin efecto la preferencia del catalán como lengua de apoyo para el aprendizaje de idiomas extranjeros, uno de los elementos centrales del modelo impulsado por la Generalitat para reforzar la inmersión lingüística.

Recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe

El tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por Asamblea por una Escuela Bilingüe, que reclamaba la aplicación inmediata de la sentencia. La entidad ha solicitado al Departament d’Educació que adapte las instrucciones para garantizar una mayor presencia del castellano en las aulas.

Este movimiento reabre el debate sobre el modelo educativo en Catalunya y el equilibrio entre el catalán y el castellano en el sistema escolar.

El decreto ahora parcialmente anulado fue aprobado durante el gobierno de Pere Aragonès con el objetivo de reforzar el modelo de inmersión lingüística frente a resoluciones judiciales previas que exigían al menos un 25% de enseñanza en castellano en determinados casos.

El TSJC ya había suspendido cautelarmente esta normativa en verano, al considerar que podía situar al castellano en una posición marginal dentro del sistema educativo.

Pese a esta decisión, el proceso judicial no está cerrado. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por la Generalitat y diversas entidades, entre ellas organizaciones en defensa de la lengua catalana.

Hasta entonces, la orden del TSJC obliga a aplicar de forma inmediata los efectos de la sentencia, lo que introduce incertidumbre en la gestión lingüística de los centros educativos catalanes.