El Govern impulsa multas de hasta 900.000 euros por los actos vandálicos que afecten a los trenes en servicio
Una propuesta anunciada por la Generalitat plantea sanciones más duras por grafitis y daños ferroviarios con nuevas herramientas de control y coordinación policial en Catalunya
El sistema ferroviario catalán se sitúa en el centro del debate institucional ante un fenómeno persistente que genera incidencias constantes y que obliga a replantear el marco sancionador vigente.
El planteamiento del ejecutivo autonómico busca responder a una problemática que no solo deteriora infraestructuras, sino que también repercute directamente en la experiencia diaria de los usuarios y en los costes del servicio público.
Un endurecimiento legal con voluntad disuasoria
El Govern inicia la tramitación parlamentaria de una proposición de ley que modifica la normativa ferroviaria con el objetivo de endurecer las sanciones contra el vandalismo en trenes e infraestructuras.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, explica que la reforma responde a un posicionamiento claro frente a estas conductas y destaca que detrás del cambio hay un “mensaje de no impunidad”. La responsable política insiste en que los actos vandálicos representan una causa relevante de incidencias en el servicio ferroviario.
La iniciativa recoge el compromiso expresado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Debate de política general, donde ya avanzó la intención de aplicar sanciones más severas en este ámbito.
Un sistema de sanciones más amplio y severo
El nuevo marco plantea una clasificación de las infracciones en función de su impacto sobre el servicio. Las pintadas y otros actos de vandalismo pasan a considerarse faltas leves, graves o muy graves según su afectación.
Las sanciones previstas alcanzan hasta los 18.000 euros en los casos leves, se sitúan entre 18.001 y 90.000 euros en los supuestos graves y llegan hasta los 900.000 euros cuando se trata de infracciones muy graves que alteran de forma significativa el funcionamiento del transporte ferroviario.
Este incremento sustancial en las cuantías busca reforzar el carácter disuasorio del sistema y reducir la reincidencia.
El impacto económico del problema
El Govern pone el foco en el coste que generan estas acciones. La consellera Paneque detalla que la limpieza de grafitis en trenes supone un gasto diario de 32.000 euros, una cifra que evidencia la dimensión económica del problema.
“Más allá de la afectación a las personas usuarias, pintar grafitis tiene un coste de 32.000 euros cada día”, señala, subrayando que el impacto va más allá del daño estético y repercute directamente en los recursos públicos.
A este coste se suman las interrupciones del servicio, los retrasos y las incidencias operativas que afectan a miles de usuarios.
Más herramientas para operadores y policías
El texto legislativo introduce también mejoras en el ámbito operativo. Los operadores ferroviarios dispondrán de más herramientas para diseñar y aplicar planes de seguridad mejor dotados y más eficaces.
Al mismo tiempo, la reforma refuerza la coordinación entre los cuerpos policiales con el objetivo de detectar a los infractores con mayor rapidez y prevenir nuevos actos vandálicos.
Este enfoque integral combina medidas punitivas con estrategias de prevención y control.
Primer paso de un plan de choque
La modificación normativa forma parte del primer paquete de medidas de un plan de choque impulsado por el Govern para erradicar el vandalismo en el sistema ferroviario de Catalunya.
El ejecutivo prevé que la ley quede aprobada antes del verano, lo que permitiría aplicar el nuevo régimen sancionador en un corto plazo.
La propuesta se presenta como una respuesta estructural a un problema recurrente que afecta tanto a la calidad del servicio como a la percepción del transporte público, en un momento en el que la fiabilidad del sistema ferroviario se sitúa como una prioridad política y social.
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