Catalunya atiende presencialmente desde hoy a 135.000 personas migrantes para tramitar su regularización

El despliegue de la regularización masiva de personas migrantes en España se estructura como uno de los mayores retos burocráticos de los últimos años, con un impacto especialmente intenso en Catalunya, donde la carga de solicitudes sitúa a la comunidad entre las más afectadas del país dentro de un proceso que alcanza a cientos de miles de personas en todo el territorio estatal.

Catalunya, uno de los epicentros del proceso estatal

En el conjunto de España, el procedimiento extraordinario previsto por el Gobierno afecta a alrededor de 500.000 personas en situación administrativa irregular, con un volumen adicional de solicitudes que podría superar las 700.000 peticiones en total según distintas estimaciones administrativas y periodísticas.

Dentro de este marco, Catalunya concentra aproximadamente 135.000 personas potencialmente beneficiarias, lo que la sitúa como uno de los territorios con mayor presión junto a la Comunidad de Madrid y Andalucía, según la distribución territorial prevista del proceso.

Barcelona y su área metropolitana absorben buena parte de esta carga, con oficinas de extranjería, centros de atención ciudadana y dispositivos municipales desbordados en los primeros días del trámite, especialmente en la fase de recopilación de documentación.

Distribución por comunidades autónomas en España

El reparto territorial del proceso refleja fuertes desequilibrios entre comunidades autónomas, condicionados por la concentración de población extranjera y la estructura económica de cada territorio.

Las cifras estimadas sitúan el volumen de solicitudes de la siguiente forma: Catalunya alrededor de 135.000 personas, la Comunidad de Madrid unas 135.000, Andalucía cerca de 90.000 y la Comunidad Valenciana alrededor de 90.000, lo que en conjunto representa más del 60 % del total previsto en el país.

A continuación, otras comunidades presentan cifras más reducidas pero igualmente relevantes en términos de impacto administrativo, como Murcia, Canarias, Baleares o el País Vasco, donde la presión se concentra en sectores como agricultura, hostelería y cuidados.

En paralelo, regiones con menor población migrante registran volúmenes más bajos, aunque también sufren dificultades operativas por falta de personal y recursos en oficinas de tramitación.

España frente al volumen real de población migrante

El proceso se desarrolla en un contexto en el que España cuenta con alrededor de 10 millones de personas nacidas en el extranjero residiendo en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población total.

Las estimaciones sobre personas en situación irregular oscilan entre 500.000 y 840.000, dependiendo de las fuentes, mientras que el Gobierno maneja cifras de impacto administrativo cercanas al medio millón de beneficiarios directos en esta regularización extraordinaria.

Europa y la ausencia de un modelo homogéneo

El contexto europeo muestra una fuerte fragmentación en la gestión de la migración irregular, sin un sistema común de regularización masiva.

• Francia mantiene un modelo basado en autorizaciones individuales y calcula alrededor de 700.000 personas en situación irregular sin programas recientes de gran escala. Italia combina cuotas de entrada laboral con procesos puntuales de regularización, como el registrado en 2020 con más de 130.000 personas beneficiadas.
• Alemania gestiona la situación a través de permisos temporales, protección humanitaria y figuras de tolerancia administrativa, con estimaciones de población irregular que oscilan entre 200.000 y un millón de personas según estudios diversos.
• El Reino Unido, fuera del marco comunitario, maneja cifras estimadas entre 300.000 y un millón de personas en situación irregular con un sistema centrado en control fronterizo y regularización caso por caso.
• Países como Países Bajos, Bélgica, Suecia o Grecia aplican modelos mixtos que combinan permisos temporales, criterios laborales o decisiones individuales sin procesos masivos recientes.

Este panorama convierte a España en uno de los pocos Estados europeos que activa una regularización de gran volumen en un solo ciclo administrativo.

Catalunya bajo presión administrativa y social

En el caso catalán, el impacto del proceso no se limita al volumen de expedientes, sino también a la capacidad de respuesta institucional.

Los ayuntamientos y oficinas de atención ciudadana registran saturación en la gestión de citas, recogida de documentos y orientación a solicitantes. La falta de personal y la acumulación de trámites previos generan advertencias de colapso en determinados municipios.

A ello se suma la concentración de población extranjera en áreas urbanas, donde los servicios municipales ya operan con alta demanda estructural en ámbitos como vivienda, empleo y atención social.

Dónde se hace el trámite: puntos físicos, cita previa y horarios

El procedimiento de regularización se organiza mediante una red de atención presencial y telemática que combina oficinas estatales, oficinas postales y puntos de apoyo municipales.

La solicitud puede presentarse por vía telemática a través del portal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o de forma presencial con cita previa obligatoria.

Para la atención presencial, el dispositivo estatal activa más de 400 puntos repartidos por todo el país, con una estructura concreta:

• Las oficinas de Correos concentran la mayor parte de la atención presencial, con 371 centros habilitados en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes. Estas oficinas funcionan de lunes a viernes en horario aproximado de 08:30 a 17:30.
• Las oficinas de la Seguridad Social habilitan alrededor de 60 puntos en capitales de provincia y grandes municipios. Su horario operativo para este trámite es de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.
• Las oficinas de Extranjería específicas en ciudades como Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y Almería también participan en el dispositivo, igualmente en horario de tarde, de 16:00 a 19:00.

El acceso requiere cita previa obligatoria, que se puede solicitar mediante la plataforma digital del Ministerio o a través del teléfono 060, con asignación automática del punto de atención más cercano si no se selecciona oficina concreta.

Documentación y requisitos exigidos

El procedimiento exige acreditar tres condiciones básicas de acceso: 

• Es necesario demostrar presencia en España antes del 1 de enero de 2026 mediante padrón, informes médicos, certificados escolares, contratos de alquiler o documentos de entidades sociales.
• También se debe acreditar una estancia mínima continuada de cinco meses en el momento de la solicitud.
• Se requiere además certificado de antecedentes penales de los países donde la persona haya residido en los últimos cinco años, junto con identificación válida, que puede incluir pasaporte incluso caducado.

En determinados casos se solicita informe de vulnerabilidad emitido por servicios sociales, especialmente cuando no existe actividad laboral regular o no se cumplen criterios familiares específicos.

Un equilibrio entre integración y capacidad institucional

El debate se traslada ahora a la capacidad real del sistema para absorber el volumen de expedientes sin generar cuellos de botella prolongados, especialmente en comunidades como Catalunya, donde la concentración de solicitudes es significativamente superior a la media en relación con el resto del territorio.

El proceso avanza en paralelo a una discusión más amplia sobre la adaptación de los servicios públicos a una población cada vez más diversa y numerosa, en un contexto en el que la movilidad migratoria se ha convertido en un factor estructural del mercado laboral español.