La familia de la cocinera asesinada en prisión, indemnizada con 260.000 euros menos que a un preso

Más de un año después del brutal asesinato de la cocinera Nuria L. en la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), la familia de la víctima ha recibido una indemnización de apenas 40.400 euros por parte de la Generalitat. La trabajadora fue asesinada el 13 de marzo de 2024 por un reo clasificado como peligroso, un crimen que sacudió el sistema penitenciario catalán y desencadenó una oleada de protestas de los funcionarios de prisiones.

Funcionarios exigen más protección y denuncian abandono institucional

El caso reavivó antiguas reivindicaciones del personal penitenciario, como ser considerados agentes de la autoridad, tener derecho al principio de indemnidad y poder utilizar aerosoles de defensa personal frente a agresiones. Hasta la fecha, ninguna de estas peticiones ha sido atendida por la Generalitat.

Montse Balaguer, portavoz de UGT Prisiones, denuncia:

“La función del sindicato es evitar que algo así vuelva a ocurrir jamás. Nuestra lucha es por la seguridad de los trabajadores. A día de hoy, esa seguridad no está garantizada”.

Comparaciones dolorosas: la Generalitat paga mucho más por la muerte de un preso

Lo que ha generado una profunda indignación entre funcionarios y sindicatos es la comparación con otras indemnizaciones concedidas por la misma Administración catalana. Según datos del sector, la Generalitat ha llegado a pagar hasta 300.000 euros a las familias de internos fallecidos en prisión.

Un caso reciente citado por el sindicato ocurrió en Brians 2, donde un interno murió de sobredosis tras un vis a vis con su madre. La familia del recluso recibió una indemnización de 300.000 euros, casi siete veces más de lo que han percibido los hermanos de Nuria L.

“La explicación es que a los presos se les considera bajo custodia plena del Estado, y este debe responder por su vida. Pero a nosotros, como trabajadores, no se nos garantiza nuestra seguridad, ni se nos trata con la misma responsabilidad institucional”, lamenta Balaguer.

Una muerte que sigue sin respuesta política ni judicial plena

El asesinato de Nuria, que conmocionó al sistema penitenciario catalán, sigue sin traducirse en medidas legislativas concretas. A pesar del clamor social y las manifestaciones de los funcionarios, la Generalitat no ha modificado la normativa penitenciaria ni ha reforzado sustancialmente las condiciones de trabajo del personal de prisiones.

La diferencia en los criterios de indemnización pone de relieve una desigualdad estructural: la vida de un trabajador penitenciario vale mucho menos que la de un recluso, según los baremos económicos de la Administración autonómica.