Un millón de euros en módulos, caravanas y dinero negro: desmantelan un camping ilegal en Mataró

Los agentes de la División de Medio Ambiente y del Área Central de Delitos Económicos de la DIC investigan a dos hombres por su presunta implicación en varios delitos urbanísticos, defraudación eléctrica y blanqueo de capitales relacionados con un camping ilegal en Mataró.

La investigación comenzó tras la denuncia del Ayuntamiento de Mataró a la Fiscalía de Medio Ambiente en junio de 2024. Las primeras denuncias datan de octubre de 2021 e indicaban que los investigados habían alquilado terrenos agrícolas en septiembre del mismo año a una sociedad inmobiliaria bajo un contrato que prohibía cualquier construcción. A pesar de ello, edificaron un asentamiento con módulos prefabricados, caravanas, contenedores habilitados como vivienda y cobertizos, la mayoría conectados a pozos ciegos y fosas sépticas.

El asentamiento ocupaba un total de 15 hectáreas divididas en 161 subparcelas, con 145 personas empadronadas y varias solicitudes pendientes. Los investigados cobraban aproximadamente 300 euros mensuales por parcela e incluso alquilaban algunos espacios para fiestas y eventos privados. Según las primeras estimaciones, los beneficios ilícitos podrían superar el millón de euros.

Para suministrar luz y agua, los investigados realizaron conexiones fraudulentas a la red eléctrica e hidráulica, poniendo en riesgo la seguridad y el medio ambiente, especialmente por el alto riesgo de incendio forestal en la zona. También llevaron a cabo tala de masa forestal y movimientos de tierra para favorecer las construcciones ilegales.

El 22 de septiembre se realizó un operativo policial, bajo el Juzgado de Instrucción 2 de Mataró, para desmantelar el asentamiento, recoger pruebas e intervenir dinero, documentación y bienes vinculados a los investigados. A partir del material intervenido, los Mossos han identificado a otros colaboradores que también están siendo investigados por su posible implicación en los delitos.

Los dos principales investigados han sido denunciados por presuntos delitos urbanísticos contra el medio ambiente, defraudación eléctrica y blanqueo de capitales. El Área Central de Delitos Económicos de la DIC continúa analizando las operaciones inmobiliarias relacionadas para determinar el alcance de los beneficios obtenidos de manera ilegal.