Venden a una menor por 5.000 euros y 5 botellas de wisky a un hombre de Lleida: el juez archiva la causa
El juez da por válidas las declaraciones de la menor y deja libres a los padres pese a las pruebas y fotos de la supuesta boda
El juzgado de Tudela (Navarra) ha archivado la causa por la presunta compra ilegal de una niña que mendigaba en Les Borges Blanques, a pesar de que los propios padres admitieron haberla vendido por 5.000 euros y 5 botellas de whisky. La decisión, tomada el pasado viernes, ha generado estupor entre los servicios sociales y los Mossos d’Esquadra, que aún tenían medidas de protección vigentes sobre la menor.
Según consta en la investigación, primero fue el padre quien, el 20 de agosto, informó a la Policía Local de Corella que había vendido a su hija a “un gitano rumano” con domicilio en Lleida. Más tarde, la madre confirmó que la niña estaba en Francia con el comprador. A pesar de estas declaraciones, el juez consideró suficientes las palabras de la menor, que aseguró que nadie la había forzado a casarse ni a mendigar, y decidió archivar provisionalmente la causa, levantando todas las medidas de protección.
Durante la instrucción, los agentes obtuvieron el testimonio de una mujer que indicó que en noviembre de 2024, la madre de la niña planeaba venderla para casarla con otra familia de gitanos rumanos, mientras que el padre había fijado el precio inicialmente en 10.000 euros, rebajado finalmente a 5.000 euros, 5 botellas de whisky y algo de comida. Además, una testigo aportó fotografías de Facebook que mostraban lo que parecía una boda de la menor, aunque la propia niña declaró que se trataba de una fiesta familiar.
La supuesta ceremonia se habría realizado según el rito gitano, ya que la menor tenía 14 años, edad en la que no es legal casarse. El caso, que involucraba a los padres y a un joven de 21 años arrestado en Mollerussa, ha sido archivado, dejando libres a los cinco implicados, lo que la magistrada María del Prado Escoda Merino calificó como “fracaso institucional” en declaraciones a Rac1.
La decisión ha generado preocupación por la falta de medidas de protección posteriores, poniendo en evidencia las lagunas del sistema para garantizar la seguridad de menores en casos de explotación y trata de seres humanos.
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