Asesinato en l'Hospitalet: los Mossos investigan a fondo un local que acumulaba denuncias y expedientes

La policía investiga la muerte violenta de una mujer ocurrida este jueves por la tarde en un local ocupado del carrer Santa Anna, 15, en L’Hospitalet de Llobregat. Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso alrededor de las 19.00 horas, tras una llamada que alertaba de una fuerte discusión en el interior del inmueble. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la víctima ya sin vida y con signos evidentes de violencia, por lo que la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur se hizo cargo del caso. La investigación permanece bajo secreto de actuaciones.

El Ayuntamiento ha llevado un seguimiento de este local de propiedad privada dentro de sus competencias

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha expresado públicamente su profundo pesar por los hechos y ha trasladado su condolencia y apoyo a las personas afectadas, subrayando la gravedad de un suceso que ha generado una fuerte conmoción y preocupación en el vecindario. Según ha informado el consistorio a los medios de comunicación, el inmueble es de titularidad privada, propiedad de un fondo de inversión desde noviembre de 2017, y su ocupación era conocida por la administración municipal desde octubre de 2023, tras un aviso vecinal. En aquel momento, la intervención policial no pudo evitar la ocupación al encontrarse ya consolidada, de acuerdo con el las Leyes vigentes y de obligado cumplimiento para la administración local.

Desde entonces, el Ayuntamiento y la Guardia Urbana han llevado a cabo un seguimiento continuado del local, con actuaciones reiteradas dentro de sus competencias. En enero de 2024, a raíz de molestias por ruidos, se identificó a varias personas que residían en el interior y se elaboró un informe trasladado al área de Urbanismo. Posteriormente, técnicos municipales accedieron al local de forma voluntaria acompañados por agentes, lo que permitió documentar el estado del inmueble e iniciar un expediente de disciplina urbanística, que continúa en tramitación.

Al tratarse de una propiedad privada, cualquier actuación policial en el interior requiere de una orden judicial en cada actuación, y que el desalojo o cierre definitivo solo puede producirse por resolución judicial iniciada por el propietario del local. En este sentido, la propiedad informó en octubre de 2024 de que había interpuesto la correspondiente denuncia, con un procedimiento que sigue pendiente de resolución en los Juzgados. Mientras tanto, y ante la lógica preopación vecinal, se han intensificado las medidas de control en el entorno del local, con presencia policial sostenida, controles intensivos y, en determinados periodos, vigilancia las 24 horas, actuaciones que lograron reducir temporalmente las molestias aunque sin resolver de forma definitiva el conflicto.