Escándalo en Lledoners: investigan al director por presunto acoso y vigilancia ilegal a una funcionaria

La estabilidad del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, se ha visto alterada por una grave denuncia interna. Una funcionaria de la prisión ha activado el protocolo de acoso laboral por razón de género contra el director del centro. Según los detalles facilitados por el sindicato UGT, el caso describe un escenario de presuntas irregularidades administrativas, amenazas y un uso indebido de los sistemas de seguridad del recinto.

Vigilancia bajo sospecha y fuera de protocolo

El núcleo del conflicto se remonta a unos siete meses atrás. Según la denuncia, el director habría ordenado un seguimiento exhaustivo mediante las cámaras de videovigilancia sobre la trabajadora, basándose en la sospecha de que esta introducía sustancias estupefacientes o teléfonos móviles para los internos.

Sin embargo, el sindicato denuncia una quiebra grave de las normas internas:

• Falta de expediente: El protocolo dicta que, ante sospechas de delitos, se debe abrir una investigación formal liderada por los servicios de inspección de Justicia y los Mossos d’Esquadra.
• Uso de personal no apto: El director habría encargado el seguimiento de la funcionaria a trabajadores interinos y personal no funcionario, saltándose la jerarquía y las competencias de seguridad.
• Castigo arbitrario: Sin mediar expediente alguno, la trabajadora fue relegada a los accesos del centro, prohibiéndole la entrada a la zona interna en lo que se define como un "castigo" encubierto.

Un tenso encuentro a puerta cerrada

El episodio más grave habría ocurrido hace apenas tres semanas. La funcionaria solicitó una reunión con el subdirector para tratar asuntos laborales, pero al llegar se encontró también con el director.

Según el relato sindical, el responsable del centro cerró la puerta y, durante casi una hora, se habría "abalanzado y arrinconado" a la mujer mientras profería gritos. En dicha reunión, el director la acusó directamente de mantener una relación sentimental con un recluso y de actuar como proveedora de objetos prohibidos. Este encuentro terminó con la amenaza, finalmente ejecutada, de apartarla de sus funciones habituales.

En manos de Función Pública

Ante la gravedad de los hechos, la trabajadora ha elevado el caso a la Dirección General de Función Pública de la Generalitat. Este organismo ya ha tomado cartas en el asunto:

• Se ha abierto un expediente informativo.
• Se ha iniciado la fase de interrogatorios a los implicados y a posibles testigos.
• Se elaborará un informe final que será remitido al Departamento de Justicia para que determine las sanciones o medidas cautelares necesarias.

Desde el sindicato exigen que se aclare por qué se utilizaron recursos públicos de vigilancia para fines que parecen más orientados al hostigamiento personal que a la seguridad real del centro, especialmente cuando no se siguió el cauce legal obligatorio para cualquier investigación de este tipo.