¡Insólito! Usaba la tarjeta de aparcamiento de una persona fallecida para ocupar una plaza de discapacitados
La conductora, de 37 años, fue localizada por la Policía Local de Santander tras estacionar en una plaza reservada con una tarjeta de una persona ya fallecida
La Policía Local de Santander ha abierto diligencias contra una mujer de 37 años por un presunto delito de falsedad en documento público, después de que fuera sorprendida utilizando una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad que pertenecía a una persona ya fallecida.
El incidente tuvo lugar este lunes por la tarde, alrededor de las 19:20 horas, cuando una patrulla de la Policía Local detectó un vehículo estacionado en una plaza reservada para personas con movilidad reducida, ubicada en la Cuesta de la Atalaya, una zona céntrica de la capital cántabra.
Lo que a simple vista parecía un uso legítimo del distintivo se convirtió rápidamente en motivo de investigación. Los agentes comprobaron que la tarjeta exhibida en el salpicadero del coche —necesaria para poder hacer uso de este tipo de estacionamientos especiales— estaba expedida a nombre de una persona ya fallecida.
Una infracción que puede derivar en consecuencias penales
La mujer fue identificada in situ y ahora está siendo investigada formalmente como presunta autora de un delito de falsedad en documento público, aunque no fue detenida. Las diligencias han sido remitidas al juzgado correspondiente, que deberá determinar si los hechos constituyen una infracción penal.
El uso indebido de este tipo de tarjetas no es una infracción menor. Además de atentar contra los derechos de las personas con discapacidad, puede conllevar sanciones administrativas e incluso penales cuando se demuestra que ha habido una manipulación consciente del documento o un uso fraudulento, como en este caso.
Un abuso que genera indignación
Desde asociaciones de personas con discapacidad, este tipo de conductas son consideradas especialmente graves. Las plazas reservadas están pensadas para garantizar el acceso y la movilidad de personas con dificultades reales, y usarlas sin cumplir los requisitos no solo es ilegal, sino también profundamente injusto.
La picaresca en torno al uso de estas tarjetas —como mantenerlas tras el fallecimiento del titular o utilizar copias— ha obligado a muchos ayuntamientos a reforzar los controles. En varias ciudades ya se han incorporado sistemas digitales de validación para dificultar los fraudes y mejorar la gestión de estos permisos.
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