Esta cantidad, que podría superar los cinco millones de euros, se suma a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.
Según la sentencia del TSJC, la Sala estima un recurso presentado el 25 de septiembre de 2018 por el Ministerio de Exteriores contra la Generalitat, declara la nulidad del decreto y condena a la parte demandada al pago de las costas hasta el límite de 2.000 euros.
El Gobierno niega haber realizado labores de "espionaje" sobre las delegaciones catalanas de la Generalitat en Ginebra, Londres y Berlín, que el Ejecutivo quiere cerrar al considerar que sirven al objetivo secesionista de los independentistas.
En vídeo: El ministro de Exteriores responde a las acusaciones de espionaje formuladas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que Catalunya no tiene embajadas y que su departamento carece de espías.
Exteriores se muestra "sorprendido" de que no se haya esperado a recibir el informe preceptivo del Gobierno, por lo que ya están estudiando cómo frenar esta nueva decisión de la Generalitat.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró contrario a que la Generalitat inaugurase nuevas oficinas de acción exterior, pero el Govern ha decidido enfrentarse abiertamente al titular de exteriores.
El ministro lamentó el pasado 18 de septiembre que ya le gustaría "tener los medios y recursos de Diplocat", y reconoció que tenía que felicitarles, porque han sido "más hábiles y eficaces que el Gobierno". Parece que ya se ha iniciado una respuesta.
El Govern de Quim Torra comunicó a Exteriores la creación de esas delegaciones con sólo 24 horas de antelación, lo que hacía imposible emitir los informes previos.
Según las previsiones, abrirán de nuevo los centros de Londres, Roma, Berín, Nueva York, Washington y Ginebra y, posteriormente, los de París, Lisboa y Dinamarca.
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) vota este miércoles si el Tribunal de Cuentas debe analizar las partidas destinadas a las distintas 'embajadas' y el Diplocat entre 2011 y 2017.
Una veintena de estos trabajadores han recurrido a la ayuda de la Generalitat, pero la respuesta ha sido que la responsabilidad recae en el Gobierno central.
