El Gobierno vincula la ilegalización de la polémica fundación a una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica que declare ilegal la apología del franquismo.
El texto destaca, en el caso de España, la investigación contra doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid por incitación al odio, la condena a miembros de Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estima la garantía hipotecaria aportada por ambos insuficiente para cubrir la caución de 300.000 euros impuesta al exbanquero.
