La LOREG prevé penas de seis meses a tres años de cárcel y multas para quienes perjudiquen el libre ejercicio de sus derechos a los votantes llamados a las urnas. También prevé multa y prisión de hasta tres años por intimidación a electores u obstáculos en colegios.
Una eventual repetición de las elecciones generales permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que no sólo se acortan los plazos del procedimiento electoral, sino que reduce la campaña y las subvenciones a la mitad.
En las elecciones generales de junio de 2016, CDC no logró grupo parlamentario, por lo que perdió la subvención y tuvo que recurrir a sus fondos ordinarios para pagar a proveedores, incumpliendo la legislación electoral.
