La morosidad de las administraciones públicas se ha disparado un 38,6% tras las elecciones municipales autonómicas y municipales del pasado mes de mayo, en las que se produjeron cambios de color político en muchos gobiernos, y la situación de incertidumbre política a nivel nacional arroja dudas sobre la continuidad del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
