El Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.
Hacienda reitera que las inversiones tienen que fijarse al concepto de la sostenibilidad financiera y respetar las competencias de cada administración.
El PP ha atendido una de las reivindicaciones de las corporaciones locales y de la oposición con una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que permitiría a los ayuntamientos gastar en 218 parte del superávit acumulado desde 2016.
Según los grupos políticos PP, ERC y Grup Demòcrata, el Ayuntamiento de Barcelona "ha preferido dedicar el superávit a los bancos y no a la gente" y culpan del endeudamiento a "la falta de sensibilidad" de la alcaldesa.
