El Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.
También amplía los plazos para el pago de deudas tributarias en período voluntario, así como de autoliquidaciones.
Hacienda reitera que las inversiones tienen que fijarse al concepto de la sostenibilidad financiera y respetar las competencias de cada administración.
El PP ha atendido una de las reivindicaciones de las corporaciones locales y de la oposición con una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que permitiría a los ayuntamientos gastar en 218 parte del superávit acumulado desde 2016.
Según los grupos políticos PP, ERC y Grup Demòcrata, el Ayuntamiento de Barcelona "ha preferido dedicar el superávit a los bancos y no a la gente" y culpan del endeudamiento a "la falta de sensibilidad" de la alcaldesa.