La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que resultan "contrarios a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente".
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya también cancela el registro electrónico de la AMB, a través del cual las empresas VTC comunican los servicios que tienen previsto prestar.
En Barcelona ha crecido en mayo, contando con 33 vehículos más que en abril, pero acumula un descenso anual del 13,8%, según los datos del Ministerio de Fomento.
La Generalitat podría multar con hasta 54.000 euros la compañía por no cumplir de forma estricta la ley anti-VTC que exigía contratar los servicios con 15 minutos de antelación.
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid ha emitido un auto en el que rechaza imponer medidas cautelares para que ambas compañías dejen de operar.
El reglamento, que entra en vigor 30 días después de que la publicación en el BOPB y el DOGC, otorga las competencias necesarias al Instituto Metropolitano del Taxi (Imet) para hacer cumplir esta reglamentación.
A juicio de la ACCO, esta norma discrimina a las VTC y establece cargas adicionales a la prestación de servicios urbanos dentro del ámbito geográfico del AMB.
"Si en algún momento se cuestionara nuestra forma de operar en Barcelona, lo que se estaría cuestionando es la forma de operar de las VTC tradicionales".
Prestige&Limousine debe detallar los servicios realizados entre el 7 y el 10 de marzo, indicando la hora de contratación y el inicio de la prestación del servicio.
Así lo ha anunciado en un comunicado la plataforma, que, a pesar de "no estar conforme" con las nuevas reglas de juego, decide volver a la capital catalana para "rescatar" al sector y sus "miles de puestos de trabajo".
La institución de la Generalitat ha concluido que la precontratación de 15 minutos y la habilitación de los entes locales para aumentar este intervalo vulneran este derecho, ha informado en un comunicado.
La patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) llevan su protesta ante la Comisión para lograr dar marcha atrás en la legislación catalana.
