T-Systems gestionó el voto de los residentes extranjeros en el referéndum del 1-O

En el marco de la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona,  la Guardia Civil ha aportado numerosas intervenciones telefónicas que acreditan que T-Systems gestionó el voto de los residentes extranjeros en el referéndum del 1-O. Las grabaciones dejan en evidencia que varios directivos de esta empresa eran conscientes de que estaban participando en un proyecto ilegal.

No es casual que Puigdemont recurriera a la firma T-Systems para gestionar el voto electrónico del referéndum tal como acredita la investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

La presencia de T-Systems en Cataluña tiene su origen en la privatización del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) en 1998, durante la etapa de Jordi Pujol, donde entonces era conseller de Presidencia, Xavier Trias que vendió Cigesa por 18 millones de euros al grupo alemán Debis, que tenía como asesor al ex vicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, ahora imputado en la trama de corrupción del 3%.

La Generalitat privatizó Cigesa por 18 millones de euros y luego le adjudicó  500 millones de euros en contratos a dedo. La empresa fue adquirida en 2001 por el grupo alemán Deutsche Telekom y pasó a denominarse T-Systems. La Sindicatura de Cuentas advirtió que, en tan sólo dos años, entre 2002 y 2003, la Generalitat había adjudicado a T-Systems un contrato de 79,2 millones de euros para poner en marcha la Administración Abierta de Cataluña (AOC) de forma irregular.

También el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo advirtió de esta situación en su dictamen sobre “Transparencia y corrupción en Cataluña”, dirigido al Parlament en 2015. “El caso de T-Systems es el más grave que contiene este informe“, se indicaba literalmente en el documento. Villarejo destacó que los contratos de la Administración Abierta de Cataluña (AOC) a T-Systems se realizaron “eludiendo la tramitación del concurso y vulnerando claramente los principios de publicidad y concurrencia. Se perjudicó al erario público de la Generalitat favoreciendo a T-Systems, que obtuvo así beneficios injustificados“.