El Gobierno actuará si el Parlament reitera la declaración de independencia

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El Gobierno velará por el cumplimiento de la ley. 


Los servicios jurídicos del Estado están estudiando las responsabilidades en las que pueden incurrir los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya si finalmente admiten a trámite la propuesta de la CUP para que, en el pleno de este jueves, "se reafirme y reitere la declaración de independencia" proclamada el pasado 27 de octubre.


El Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia emprender estas acciones contra la enmienda apoyada por JxCat y ERC por "su carácter ilegal y contrario a la Constitución y el Estatuto de Catalunya".


"El Gobierno velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora. Y seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Catalunya, en tanto en cuando no haya un Presidente elegido de acuerdo con la ley y el reglamento del Parlamento", han añadido estas fuentes.


La propuesta de la CUP llegará al pleno como enmienda a la propuesta de resolución de JxCat para legitimar a Carles Puigdemont como presidente del Govern catalán, y con ella pretenden una ratificación de la independencia.


Inicialmente, la potestad de admitir a trámite las enmiendas recaía exclusivamente sobre el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero ha decidido a última hora de la mañana compartir la decisión con el resto de miembros de la Mesa.


"EXTREMA GRAVEDAD"


La Fiscalía General del Estado ha calificado de "extrema gravedad" la enmienda de la CUP aceptaba por la Mesa del Parlament de Catalunya para que en el pleno de este jueves se "reafirme y reitere la declaración de independencia" del pasado 27 de octubre, y ha anunciado que promoverá "cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional".


La Fiscalía ya está estudiando "las posibles implicaciones penales" ante la "total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas de Tribunal Constitucional" de la enmienda presentada por la CUP y aceptada por la Mesa del Parlament, y ha advertido que la "ilegalidad manifiesta" de esta propuesta "no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan".

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