Pere Soler asume ante la juez que hizo manipular actas que redactaron los Mossos el 1-O

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Joaquim Forn Pere Soler 2

César Puig y Pere Soler junto a Forn y Trapero. 


La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este viernes dejar en libertad con medidas cautelares al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y al exsecretario general de la Conselleria de Interior catalana César Puig tras tomarles declaración por la actuación de la policía autonómica en el referéndum independentista del pasado 1 de octubre.


La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha decretado para Soler medidas cautelares como son retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado más cercano.


Tras comparecer durante aproximadamente dos horas y cuarto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros con un plazo de diez días para pagarla. Sin embargo, la magistrada ha decidido dejarlo en libertad con cautelares.


DECLARACIÓN DE SOLER


Soler, que ha comparecido en calidad de investigado, ha asumido ante la juez la iniciativa de manipular las actas que redactaron los agentes autonómicos desplegados durante la jornada del referéndum independentista del pasado 1 de octubre.


En las últimas semanas, Lamela ha recibido informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en los que se pone de manifiesto que los agentes de los Mossos debieron recibir órdenes directas para que no interactuaran con las personas que participaban en el referéndum y para que dejaran solos a los policías y guardias civiles si éstos actuaban en los puntos de votación.


También sobre la posible manipulación de actas para que escribiesen que sí se habían impedido votaciones cuando en realidad había sido al revés, todo con el objetivo de evitar ser acusados de "poco profesionales" a sabiendas de que la investigación judicial iniciada en la Audiencia Nacional podría señalarles por un delito de sedición.


En su interrogatorio, que se ha prolongado durante poco más de una hora, Puig ha defendido que él no estaba al frente de la dirección de los operativo policial previsto para la jornada del referéndum ilegal y que su cargo estaba vinculado a cuestiones presupuestarias técnicas.


ANTECEDENTES


La juez, que esta semana ha ampliado el plazo de instrucción 18 meses más tras declarar la causa compleja, accede parcialmente a la petición formulada por la Fiscalía que pidió su imputación en la causa por sedición en la que también están siendo investigados el exjefe de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana.


En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 expuso que los hechos que se instruyen en esta causa, es decir, los incidentes en los registros de la Consejería de Barcelona los días 20 y 21 de septiembre y la consulta ilegal, revisten los caracteres de dos delitos de sedición y en particular como constitutivo de otro de organización criminal.


El Ministerio Público pidió que se ampliara la investigación en estas dos personas porque considera que su actuación fue "decisiva" y porque no consta que intentara evitar el referéndum, sino más bien al contrario, se trató de "engañar" a las autoridades haciendo ver que se cumplían con las directrices acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).


NO EVITARON LA CONSULTA ILEGAL


"Tanto Pere Soler, como su major, Josep Lluís Trapero, se vieron en la obligación de transmitir la sensación de que acatarían aquella orden cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo, por el contrario, su colaboración en la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en acción a favor de su consumación", reza el escrito remitido el pasado 21 de febrero.


Hasta el momento en la causa se investigaban a Josep Lluís Trapero y la intendente de los Mossos Teresa Laplana. 


El exjefe de los Mossos declaró en sede judicial el pasado 23 de febrero por tercera vez el pasado viernes tras imputarle un nuevo delito de sedición en relación con la consulta del 1 de octubre.


En su declaración ante la magistrada precisó que se reunió hasta en dos ocasiones con el expresidente Carles Puigdemont los días previos al referéndum para mostrar la preocupación de los Mossos por la seguridad ciudadana en esa jornada, aunque no pidió que desconvocara porque no estaba entre sus funciones.

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