La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas tres líneas de investigación que pueden afectar a Carles Puigdemont

 

Parece ser que la Guardia Civil y la Fiscalía centran sus investigacones en los contratos de prórroga de AGISSA, la adquisición del fondo artístico Rafael Santos Torroella y la facturación de gastos ficticios a una empresa de publicidad.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas tres líneas de investigación que afectan a Carles Puigdemont en el caso de la empresa mixta Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter SA, AGISSA. El expresidente de la Generalitat de Cataluña,  fue alcalde de Girona entre 2011 y 2016. En estos años se habrían producido numerosas irregularidades en la gestión del sistema de aguas.

CONOCE LAS TRES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El pasado 19 de septiembre, la Guardia Civil realizaba 15 registros en el marco de la ‘operación Aquarium’, en la que investigan los presuntos delitos de fraude y administración desleal en la gestión y la adjudicación del suministro de agua.

En la primera línea de investigación, se sospecha del reparto más de 10 millones de euros en dividendos y otros conceptos falsos e inflados entre los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter, así como entre las empresas Girona SA y AGISSA. 

La segunda actuación relacionada con Puigdemont tiene que ver con la adquisición del fondo artístico de Rafael Santos Torroella en el año 2014 con cargo a los fondos obtenidos tras prorrogar los contratos de AGISSA y se quiere esclarecer presuntos delitos de malversación o apropiación indebida.

La tercera línea de investigación se centra en la facturación de gastos ficticios a través de una empresa de publicidad efectuada desde la empresa mixta AGISSA. 

LA CUP DE GIRONA DENUNCIÓ DIFERENTES IRREGULARIDADES

El grupo municipal de la CUP de Girona denunció ante la Fiscalía al director general de Girona SA y a su vez consejero delegado en AGISSA hasta 2016, Narcís Piferrer, por un delito continuado de administración desleal. Posteriormente, la Fiscalía presentaba una querella ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gerona por apropiación indebida y comenzaba la investigación de otras personas con cargos públicos.

La causa, que ha asumido la Fiscalía Anticorrupción, deriva de un informe de la Agencia Tributaria sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de agua a AGISSA derivado del llamado "caso del 3 %" sobre supuesta financiación ilegal de CDC que instruye un juez de El Vendrell (Tarragona).

Carles Puigdemont aún no ha sido imputado oficialmente en la causa, limitándose las imputaciones hasta el momento a los gestores de la parte privada de AGISSA. En este sentido la CUP siempre ha mantenido que Puigdemont habría cometido “un error político”, pero no un delito en esta causa.

Los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter asumían en septiembre cautelarmente la gestión directa del servicio municipal de aguas, actualmente en manos de la empresa mixta AGISSA. Dicha medida propuesta por la Fiscalía Anticorrupción era adoptada por el Juzgado de Instrucción 2 de Gerona tras celebrar una vista con las partes encausadas.

Anticorrupción consideraba que la empresa privada de AGISSA, Girona SA, y sus administradores se habrían apropiado en los últimos años de 15 millones de euros de la empresa mixta mediante el cobro de servicios inexistentes, facturas hinchadas y dividendos indebidos.