El Supremo aplaza la revisión de la sentencia del 9-N

 

Hace poco más de un año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, lo que constituyó un delito de desobediencia. Los tres recurrieron el fallo al Tribunal Supremo, pero la Sala todavía no se ha pronunciado y no tiene fecha prevista para hacerlo. 

Dos meses después de conocerse la sentencia, Mas, Ortega y Rigau la recurrieron al Supremo alegando que vulneraba varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución: el de igualdad ante la ley, la libertad ideológica, de expresión, la libre participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y una tutela judicial efectiva.

La Fiscalía del TSJC también presentó su propio recurso, al entender que los tres encausados debían haber recibido una condena por un delito de prevaricación, delito del que fueron absueltos por el tribunal. El ponente de la sentencia fue Jesús Barrientos, presidente del TSJC; y los otros dos jueces, Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez.

El inesperado fallecimiento de José Manuel Maza en noviembre obligó al Gobierno a designar un nuevo fiscal general del Estado, y la elección recayó en el magistrado Sánchez Melgar. Su nombramiento como fiscal general del Estado imposibilita que continúe ejerciendo como magistrado en el Supremo, pese a que mantiene la plaza en la Sala Segunda para cuando abandone el cargo en el Ministerio Público.

Por tanto, falta un magistrado que le sustituya y la Sala de Gobierno aún no ha determinado quién será, los otros magistrados de la Sala de lo Penal son el presidente, Manuel Marchena; Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer y Pablo Llarena, el instructor del procés.