​Montoro dice que no le consta que las urnas y la manutención de Puigdemont se pagaran con fondos públicos

 

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, insiste en el escrito de 8 páginas que remitió al instructor de la causa del proceso independentista en Catalunya en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en que "hasta la fecha" y de la información de que dispone su departamento no se desprende que la compra de "urnas de los chinos para el 1 de octubre" o la manutención del expresidente Carles Puigdemont fuera de España se sufragaran con fondos públicos.

No obstante, enmarcó la entrevista del ministro "en el contexto periodístico" y dice que en ningún caso supuso contradecir "los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia". 

Expone al magistrado que ha realizado 5 envíos de datos al Tribunal de Cuentas y otros tantos a la Fiscalía General por si fueran constitutivos de delito.

A continuación, describe el control presupuestario desplegado y detalla las gestiones realizadas ante la Fiscalía General y el Tribunal de Cuentas. 

En cuanto a los mecanismos de control desplegados, Montoro detalla al juez que la información de que dispone su departamento deriva de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y que se dictaron cuatro acuerdos de dicha Comisión que permitieron establecer un sistema de certificados y de declaraciones responsables "con el fin principal de garantizar que los créditos del Presupuesto se destinan de forma prioritaria a financiar los servicios públicos esenciales en la Comunidad Autónoma".

TRIBUNAL DE CUENTAS

En cuanto a los cinco escritos remitidos al Tribunal de Cuentas, el primero, del pasado 20 de octubre, consistió en una denuncia del secretario de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, relativa a las actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre y con las entidades independentistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Esta denuncia fue ampliada el 7 de noviembre en base a unos hechos denunciados en un diario digital y posteriormente se fue aportando documentación obtenida de la Generalitat, "fruto de los requerimientos realizados a la Interventora General de Catalunya".

El escrito aportado a Llarena también da cuenta de otras gestiones realizadas por Fernández de Moya ante la Fiscalía General del Estado ya en febrero de 2017 -ante la que se denunció la difusión de la campaña institucional por el referéndum- y posteriormente las negativas que recibió el pasado mes de septiembre por parte de la Generalitat a aportar la relación de contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios.

En otros escritos posteriores se denunciaron ante el Ministerio Público lo relativo a la partida "publicidad, difusión y campañas electorales" o la negativa de los dirigentes catalanes a entregar datos sobre la actividad de Diplocat.

Esta actividad confirma el compromiso de su departamento, según Montoro, de poner a disposición del Supremo "toda la información de que dispone para que se investiguen los indicios delictivos detectados", según explica el Ministerio.