El juez investiga reuniones de Puigdemont con empresarios implicados en la trama del 3%

 

El expresidente de la Generalitat  Carles Puigdemont mantuvo dos reuniones en 2013 con el director general de la empresa pública Bimsa Ángel Sánchez Rubio y el empresario Josep Manel Bassols, de la constructora Oproler, todos ellos implicados en la trama del 3% que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata.

En el auto el juez relata que Sánchez Rubio ayudó a introducir a la constructora vinculada a la trama en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Girona cuando era alcalde Puigdemont; se produjeron dos encuentros entre ellos, de acuerdo con el parte comercial que el empresario arrepentido elaboró.

El primer encuentro se produjo el 4 de junio de ese año entre Puigdemont, Bassols y Sánchez Rubio en el parlamento catalán con el objetivo de preparar "nuevo pliego y organización de licitaciones". Un día después se celebró una comida entre las partes para "seguir el tema", según las anotaciones del empresario.

Así se desprende del auto en el cual De la Mata cita a declarar a 23 personas en el caso del 3 por ciento, entre ellos exaltos cargos de Convergencia Democrática de Catalunya por las presuntas comisiones ilegales pagadas a esta formación a cambio de concesiones de obra pública en Catalunya.

Entre los citados del 11 al 22 de junio, se encuentran Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors Benítez, jefa económica financiera de CDC y Carles del Pozo Cerda, gerente y coordinador de Área Económica de CDC. 

También están llamados el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, y el exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives.

FINANCIACIÓN ILEGAL

Según el magistrado, los ahora citados contribuyeron "a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente al partido político, en forma encubierta mediante donaciones a Fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Fórum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política".

En esta causa, explica el magistrado, se están investigando conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político y tráfico de influencias.

EL SUSTITUTO DE GORDÓ

Estos dos empresarios -Bassols Puig y Lerma Verde- utilizaron el nombre clave de 'Fernando' para referirse a Sánchez Vera a quien incluso consideraron como sustituto de Germá Gordó, consejero de Justicia catalán durante la presidencia de Artur Mas.

De Anna Dolors Benítez, el juez instructor explica su vinculación con las fundaciones Trias Fargas, Nous Catalans, Catdem y Forum y señala que además controló las cuentas bancarias de las mismas. De hecho, los flujos económicos detectados entre estas y CDC "sin que medie una justificación aparente, obedecen a la existencia de una gestión bajo el principio de unidad de caja única". Mismo papel atribuye a Del Pozo Cerdá el cual interactuó con empresarios para canalizar las donaciones hacia la formación política.