​La AN sentencia que el PP valenciano se financió de manera tan irregular que fue "delictiva"

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El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 4 años de prisión al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa y absuelve al exvicepresidente Vicente Rambla por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008, que considera que fue tan ilegal que fue "delictiva".


El juez José María Vázquez Honrubia también condena a los líderes de la trama Gürtel: Francisco Correa a 5 años y tres meses de prisión; Pablo Crespo a 5 años de cárcel; y a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los 'populares'. 


Estas penas se acumulan a las impuestas ya por las irregularidades en Fitur y por la primera época de la trama Gürtel -en esta última 'El Bigotes' resultó absuelto-.


El magistrado considera que ha quedado probado que los 'populares' valencianos pagaron con dinero negro parte de los actos electorales de las campañas autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y otros eventos, todos ellos organizados por la empresa de la Gürtel, Orange Market.


El Juzgado recoge en su sentencia relativa a la rama valenciana del caso Gürtel por la cual condena a 18 personas a penas de entre cuatro y seis años y nueve meses de cárcel, que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se financió de manera "tan absolutamente irregular" durante las campañas electorales de 2007 y 2008 que "fue delictiva".


El magistrado José María Vázquez Honrrubia considera probado en su resolución que la formación popular valenciana, liderada entonces por el expresidente valenciano Francisco Camps, contrató con Orange Market, la empresa del cabecilla de la red, Francisco Correa, servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".


Se refiere con estos terceros a los nueve empresarios que confesaron durante la vista oral celebrada entre los meses de enero hasta mayo, que habían financiado de manera irregular al PP valenciano. De hecho, la resolución distingue tres grupos: el relativo a estos empresarios, el que integraron los miembros del 'Grupo Correa' y los miembros del grupo político', entre los que se encontraban el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa.


"La declaración de Costa corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PPCV, tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito", reza la resolución. Su interrogatorio marcó el rumbo de la vista oral al señalar directamente a Camps y a el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino como los dirigentes que encargaron financiar con dinero negro las campañas de esos años.


AL MARGEN DE LA LEY


En lo que respecta a las campañas juzgadas, la sentencia concluye que la formación no tuvo en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral que prevé la Ley y por ello recurrieron a estos empresarios valencianos, los cuáles no podían hacer donaciones al PP porque tenían contratos con el gobierno presidido durante esos años por Camps.


La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market por la organización de actos para las campañas de 2007 y 2008, entre ellos el mitin que ofreció el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la plaza de Toros de Valencia en 2008. Sin embargo, el magistrado José María Vázquez Honrrubia señala en su resolución que "fue muy superior" el servicio que encargó y recibió de Orange Market.


En concreto, determina que 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por la red de Correa y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.


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