Llarena da dos días a Puigdemont y 13 procesados para pagar una fianza de 2,1 millones

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso independentista en Catalunya, ha dado dos días de plazo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 13 procesados en esta causa por el delito de malversación de caudales públicos para que abonen la fianza de 2,13 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

En una providencia de fecha del pasado 27 de junio, el magistrado instructor requiere a los procesados que aporten la cantidad de 2.135.948,6 euros fijada ya en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo.

Este montante deberá ser pagado de forma solidaria entre Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila y Meritxell Serret.

El juez también advierte de que si en este plazo concedido los procesados no han pagado esta fianza "se procederá al embargo de bienes" en la cantidad que sea "suficiente" para cubrir lo reclamado.

Por otro lado, Llarena también deja a Prisiones que decida si Junqueras y Romeva deben ser trasladados a cárceles catalanas.

En una providencia, el magistrado vuelve a decir que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".

Esto mismo lo argumentó en otra providencia con fecha de este jueves con respecto a las peticiones que hicieron las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Al igual que estos procesados, Junqueras y Romeva solicitaron su traslado a otro centro penitenciario en Catalunya "por razones de vinculación familiar".

El magistrado del Tribunal Supremo contesta así, en esta ocasión, al director del centro penitenciario de Estremera, que siguiendo la misma pauta que los responsables de las cárceles de Soto del Real -donde están los conocidos como 'los Jordis'- y de Alcalá Meco -donde se encuentra la exconsejera y la expresidenta del Parlament-, preguntaron si hay o no algún tipo de inconveniente para proceder al traslado de los presos.

Aún queda por contestar a las peticiones que lleguen desde la prisión de Estremera, en la que también están encarcelados Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, que solicitaron su traslado este jueves, según informaron fuentes de la defensa.

En un auto de hace dos semanas en el que denegaba la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva, el instructor ya avisaba de que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, "lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados", ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.