Llarena también deja en manos de Interior el traslado de Rull, Turull y Forn

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el proceso soberanista en Cataluña, se ha pronunciado este martes con respecto a las peticiones de los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull de ser trasladados a cárceles catalanas y ha reiterado que es Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, el que tiene que decidir sobre el posible acercamiento de los procesados en prisión provisional en esta causa, como ya ha hecho con seis encausados.

Se ha confirmado que los tres políticos catalanes que quedaban a presos madrileñas serán trasladados a la prisión de Almeces (Barcelona).

Este centro penitenciario es donde está previsto que ingresen el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de ANC Jordi Sànchez, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ex consejero Raül Romeva, que ya están siendo trasladados desde las prisiones madrileñas donde estaban internos.

Esta es la última y tercera vez que el magistrado del alto tribunal contesta a Instituciones Penitenciarias sobre las intenciones de los nueve investigados en el 'procés' que están en prisión. Junqueras y los otros cinco procesados que ya habían recibido la contestación han comenzado a ser trasladados "a partir" de ayer, según informó Interior, después de que se hayan "cumplimentado los trámites preceptivos para este tipo de traslados" y de que la semana pasada ya el juez Llarena afirmase en sendas providencias que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".

EL JUEZ CARECE DE COMPETENCIA PARA DECIDIR

Las providencias han ido en la misma línea de lo que ya manifestó Llarena en un último auto en el que denegó la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva y avisaba que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, "lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados", ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.