viernes, 6 de diciembre de 2019

Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias

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Oriol Pujol niega cobrar sobornos por favorecer a la trama de las ITV


El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha condenado en firme al exdiputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, a una pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV, primera condena contra un miembro de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.


A raíz de esta condena firme, la Fiscalía tiene previsto pedir el ingreso en prisión del exsecretario general de CiU cuando se abra el trámite para ejecutar la pena, que todavía no tiene fecha, en el que su abogado, Xavier Melero, pedirá que se suspenda la pena y se sustituya, puesto que ha sido condenado a tres penas por tres delitos que no alcanzan por separado los dos años.


Pujol, que pasó solo diez minutos en el banquillo de los acusados y evitó un juicio con jurado popular con su pacto con la Fiscalía, ha sido condenado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años.


Asimismo, la Audiencia condena al hijo del expresidente a ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.


La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, ha sido condenada a una pena de 15 meses de cárcel por un delito continuado de cohecho y otro de falsedad sustituibles por una pena de multa de 69.750 euros, además de una multa de 13.500 euros, con lo que en total debe pagar 83.250 euros.


Por su parte, Josep Tous ha sido condenado una pena de cinco meses de prisión por un delito de cohecho a sustituir por una multa de 22.500 euros y la suspensión de empleo y cargo público por dos años.


El empresario Sergi Alsina le condenan a una pena de dos años de cárcel y una multa de 103.000 euros por los delitos de tráfico de influencias, delitos de cohecho y cohecho continuado y falsedad documental.


Finalmente, a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor tienen una condena de cinco meses de cárcel sustituibles por una pena multa de 60.000 euros, además de que el segundo tiene una multa de 55.000 euros.


Además, se ordena el comiso de 311.838,13 euros de dádiva que pagó el empresario Sergi Alsina a Anna Vidal, y de otros 22.000 euros pagados por Sergi Alsina y Ricard Puignou al exnúmero dos de la Diputación.


HECHOS PROBADOS


Según los hechos probados, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Catalunya, por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento.


El interés de designar a Tous en este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern.


Puignou, para beneficiarse de nuevo concurso de estaciones, pagó entre diciembre de 2010 y febrero de 2012 cantidades que oscilaban entre los 11.800 euros y 23.600 a Sergi Alsina a cambio de sus influencias políticas debido a su amistad con Pujol, y a su vez, Alsina pagaba mensualmente 2.360 euros a Josep Tous, el responsable de ordenar el sector.


Asimismo, según el plan "urdido y previendo el aumento de estaciones a adjudicar", los acusados Sergi Alsina y Sergi Pastor, liderados por Oriol Pujol, crearon la sociedad Upprime para que se viera favorecida en el reparto de lotes de ITV, aunque sus planes se truncaron y no se consumaron al saber a través de los medios que estaban siendo investigados.


En paralelo, entre el año 2010 y 2012, Sergi Alsina, a través de las consultoras Alta Partners y Bersenat hizo de intermediador en varias deslocalizaciones como la de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Yamaha, y la instalación de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), unos procesos en los que intervino Pujol facilitando contactos de altos cargos y beneficiando a los intereses de las empresas representadas por el empresario.


Para "gratificar la labor realizada por el acusado Oriol Pujol", Alsina contrató aparentemente los servicios de su esposa Anna Vidal en concepto de asesoría, que era ficticia, a cambio de retribuciones económicas.


La sentencia considera que "la intervención de Oriol Pujol tanto en el inicio de la operación como en su desarrollo y en su final fue intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los tres implicados, gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaban".


El importe total de las facturas cobradas por Anna Vidal "por servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2010 a 2012, fue de 381.450,40 euros. Estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre Sergi Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol.


PACTO CON LA FISCALÍA


El hijo del expresidente suscribió un pacto con la Fiscalía en el que conseguía que su mujer eludiera la cárcel a cambio de una pena multa, un acuerdo al que finalmente se adhirieron los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.


En un principio, la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y tres años y cuatro meses para su mujer.


En su calificación inicial, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaban al hijo del expresidente de los delitos de tráfico de influencias, por el que pedían dos años; cohecho, por el que solicitaban un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demandaban dos años más.


Tras la vista en la que se ratificó dicho pacto, el abogado Xavier Melero afirmó que su cliente estaba "aliviado de que todo termine y desolado por cómo termina", tras ser imputado cuando era diputado en marzo de 2013.

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