miércoles, 19 de junio de 2019

El Supremo concede a Bassa permiso para visitar a su madre enferma

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Ricard Calvo Dgaia Dolors Bassa


La Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo ha resuelto conceder un permiso extraordinario a la exconsejera catalana de Trabajo, Dolor Bassa -en prisión preventiva tras ser procesada por rebelión en la causa del procés independentista- para que pueda asistir el sábado durante dos horas en la UCI de un hospital a su madre, que convalece de una operación.


En la providencia dictada a tal efecto señala que por el centro penitenciario donde se encuentra Bassa deberán adoptarse "las medidas de seguridad necesarias" para el desplazamiento al hospital, permanencia en el mismo y reintegro a la prisión una vez terminada la visita autorizada.


Bassa cumple prisión preventiva en el centro de Puig de les Basses en Figueres (Girona) desde el pasado 4 de julio, fecha en la que fue trasladada desde la cárcel de Alcalá Meco en Madrid tras la reubicación a cárceles catalanas aprobada para todos los presos preventivos de este procedimiento.


La decisión adoptada por la Sala de Vacaciones, a cuyo frente se encuentra el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, se adopta una vez se han estudiado por los magistrados los informes favorables al permiso tanto en el centro penitenciario de Puig como de la Fiscalía.


PRIMER PERMISO PARA UN PROCESADO POR LLARENA


Se trata del primer permiso que se concede a un preso del procés, ya que en anteriores ocasiones el instructor de la causa, Pablo Llarena, ha rechazado este tipo de medida respecto de otros encausados como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el que fuera responsable de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez.


Sus peticiones fueron no obstante muy diferentes, ya que estaban relacionadas con asistencias al Parlamento de Cataluña y en el caso de Bassa, la razón de salir por unas horas estaría amparada por la legislación penitenciaria.


En el auto de procesamiento, Llarena acusa a Bassa de poner al servicio del procés los locales pertenecientes a su departamento para que fueran centros de votación en el referéndum ilegal del 1-O pese a conocer la suspensión del Tribunal Constitucional.


De la investigación también se deriva que la Consejería de Trabajo aportó dinero para los gastos de impresión de la papeletas y soportó igualmente gastos para elaborar censos y citaciones a quienes debían integrar las mesas electorales.


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