La Fiscalía acusará por rebelión a Junqueras y el resto de presos del 'procés' pero no pedirá la pena máxima de 30 años

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La Fiscalía del Tribunal Supremo está cerrando los últimos flecos del escrito de petición de penas para los acusados en el 'procés'.


Acusará de rebelión a los miembros del Govern cesado, aunque no pedirá la pena máxima de 30 años para ninguno.


Según aseguran fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía baraja pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido: de esta manera, en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras la petición podría superar los 20 años mientras que no se descarta que alguno de los procesados por el juez Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal.


Sin embargo, el Ministerio Público ha emitido este domingo una nota de prensa en la que aclara que "no se ha facilitado escrito ni información alguna dado que las conclusiones provisionales están siendo objeto de estudio".


El borrador que manejan los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar los hechos como rebelión, al entender que encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo. 


Una violencia que la acusación pública entiende que se produjo tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, aseguran fuentes de la Fiscalía.


ACUSACIÓN DIVIDIDA EN 3 BLOQUES


La acusación se dividirá en tres grandes bloques, en función de la responsabilidad que el Ministerio Público atribuya a cada uno de los 13 procesados por rebelión.


En el primer grupo se situarían los seis exconsellers, por su papel decisorio en la preparación del referéndum ilegal: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa.


La Fiscalía plantea acusarlos de rebelión en su modalidad agravada, quedando absorbido en ese delito el de malversación, por el que también están procesados.


La mayor petición de pena recaerá en Junqueras, por ser quien ostentaba entonces uno de los principales cargos del Govern -junto al huido Carles Puigdemont-, por lo que el Ministerio Público podría pedir hasta 25 años, sin llegar al máximo de 30. Para el resto de consejeros plantea penas que no superarían los 20 años.


ENTRE 10 Y 15 AÑOS DE PENAS


En un segundo grupo se incluiría a los exlíderes de ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y a la exvicepresidenta Carme Forcadell, para quien estudia pedir penas entre 10 y 15 años, que podrían aumentar según el grado de responsabilidad.


Finalmente, a un tercer grupo, formado por el resto de consejeros procesados y otros diputados -Carles Mundó, Meritxel Borràs y Santi Vila-, la Fiscalía prevé acusarles solo de malversación y no de rebelión.


Los cuatro fiscales del caso perfilan aún los detalles de este escrito de acusación que tienen previsto presentar tan pronto como el juez Pablo Llarena dicte la conclusión de sumario y lo eleve a la Sala para su enjuiciamiento.


Se prevé que el juicio pueda celebrarse ya en enero, si bien otros trámites previos, como la vista de previo pronunciamiento en la que se verán las cuestiones previas antes de la vista oral, pueden llegar a retrasarlo

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