La Generalitat ha gastado 4 millones de euros de "fondos públicos" en el procés

 

A un día de que la Fiscalía presente la acusación a los miembros de la cúpula del procés. El caso del 1-O tiene otra deriva en los juzgados de Barcelona que sigue en marcha y del que se han descubierto nuevas informaciones.

Ahora, la Guardia Civil eleva ya a más de 4 millones de euros el gasto de "fondos públicos" de la Generalitat de Catalunya en su camino para lograr la independencia, según uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press. El instituto armado añade, a los 3,26 millones empleados en el 1-O, otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado.

Según este informe, entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el 'procés', la Generalitat ha contratado -desde 2014 hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución- el desarrollo de dos programas informáticos con el objetivo de obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos y de poder recaudar impuestos masivos excediendo sus competencias.

La última de estas herramientas informáticas costó un total de 241.382,30 euros, la llamada "back office SAP TRM", que formaría parte del sistema informático de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).

Este programa permitía, según el informe policial, llevar a cabo el "objetivo principal" de obtener el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios -IRPF y cotizaciones sociales- que permitiese financiar las necesidades básicas de la Generalitat de Cataluña hasta que la Agencia Tributaria Catalana fuese plenamente operativa, en el supuesto de una Cataluña independiente.

LEY TRIBUTARIA 

Para ello, los investigadores exponen que la Generalitat realizó una interpretación "abusiva" de la Ley General Tributaria, que permite utilizar un asesor fiscal como intermediario para presentar las declaraciones y liquidaciones del impuesto ante Hacienda. Utilizando esta posibilidad, la ATC se presentaba como actor intermedio entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal.

De esta forma lograban implementar una medida que les permitiera canalizar estos fondos a través de un ente que tuvieran bajo su control directo, la Agencia Tributaria Catalana, y presentaban a ésta como una medida destinada a facilitar los trámites tributarios y la eficiencia de estos para de este modo "evitar despertar las sospechas de las autoridades centrales".

Para ello, a principios de septiembre, la Generalitat inauguró 32 oficinas de la ATC y anunció que disponía de una "herramienta informática mucho más potente para afrontar la gestión de impuestos de carácter masivo". Aumentaron también el personal, aunque el objetivo era llegar a tener 5.000 trabajadores una vez que lograran las plenas competencias en materia fiscal y para ello, querían contar con los profesionales de la Agencia Tributaria española en CataluNYa, cerca de 4.000. Una cifra en la que también incluían al personal de aduanas y el Catastro.

ÓRDENES DE DESACTIVACIÓN

Este desarrollo informático fue encargado a la empresa IBM, a quien la Generalitat tuvo que pedir, una vez que se aplicó el 155 de la Constitución, que cerrase y desactivase la aplicación definitivamente ya que el Gobierno de Mariano Rajoy no consideró competente a la Administración Tributaria de Catalunya (ATC) para gestionar el IRPF y las cotizaciones sociales. El coste de desactivar el programa fue de 16.162,20 euros.

Pero este no fue el primer y único intento de la Generalitat de hacerse con los datos tributarios de los contribuyentes y de lograr una herramienta que les permitiera recaudar ellos mismos todos los impuestos cuya exclusividad es del Estado.

Ya en 2014, la Generalitat catalana, con la administración de Artur Mas, contrató el desarrollo de otra aplicación informática llamada "Gestor de Entradas", para que las personas que voluntariamente lo desearan pudieran entregar a la Agencia Tributaria Catalana una copia de la declaración del IRPF con posterioridad a haberla presentado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Con ello, pretendían alimentar las bases de datos de la ATC con la información relativa al IRPF, a pesar de que los responsables de la Generalitat no tenían ningún tipo de competencia en relación con ese impuesto.

Esta aplicación sólo estuvo operativa en 2014 y se realizaron tareas de mantenimiento hasta 2016, año en que fue dada de baja en el inventario del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), entre otras razones, por el escaso uso que le dieron los ciudadanos que tributan en Catalunya.

La puesta en marcha de esta herramienta daba soporte, según el informe de Guardia Civil, a una campaña promovida por la Asamblea Nacional de Cataluña llamada "Declara en Catalunya" en la que se mencionaba que la Hacienda catalana era una estructura de Estado imprescindible en el camino hacia la independencia.

INVERSIÓN SIN USO PÚBLICO 

El coste de esta herramienta, descartada dos años después de crearse, fue de 511.720,95 euros. Según los investigadores fue creada para obtener "de manera unilateral la mayor cantidad posible de información relativa a un impuesto, el IRPF, cuya competencia correspondía en exclusiva la administración estatal".

Por ello, en sus conclusiones, consideran que "los máximos responsables de la Generalitat de Catalunya pudieron haber hecho un mal uso de los fondos públicos, arrogándose competencias de las que carecían" y añaden que "la cuantía total destinada a las actividades recogidas en este informe ascendió a un total de 759.390,58 euros".

En esa cantidad incluyen también el 45 por ciento del coste de los viajes al extranjero de los dirigentes de la Generalitat para buscar financiación para la República que pensaban implementar y que asciende a 6.287,33 euros. El porcentaje restante no está registrado ya que están a la espera de recibir los datos que aún no ha aportado la Generalitat.A ellos se suman los 241.382,30 euros de los programas informáticos para recaudar impuestos masivos del Gobierno de Puigdemont y los 511.720,95, del Gestor de Entradas desarrollado por el de Artur Mas para lograr los datos fiscales de los contribuyentes.